Resumen
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Durante su visita a la capital santandereana, el exministro de Estado Mauricio Cárdenas Santamaría, precandidato presidencial por el Partido Conservador, realizó un sesudo análisis a uno de los factores que a su juicio contribuirá a la que avizora como una inminente crisis energética, la cual se materializaría en el 2027 por la falta en el inicio de proyectos energéticos que contribuyan a suplir la demanda eléctrica nacional. “La Consulta Previa tal y como existe hoy en Colombia hay que acabarla”, enfatizó el exministro nacional.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
El exministro de Estado Mauricio Cárdenas Santamaría sostuvo a lo largo de la jornada de este jueves una serie de conversatorios con distintos sectores gremiales, políticos y académicos del departamento de Santander donde, entre otros aspectos, dejó claro que si bien considera implacable la defensa que debe ejercerse sobre las zonas de páramo productoras del líquido vital, también debe revisarse con mucho detenimiento el equilibrio que debe considerársele al sector extractivo colombiano.
La reflexión fue el punto de partida del exministro colombiano para entrar en análisis de uno de los conceptos que ha su juicio ha contribuido en mayor medida a detener muchos procesos extractivos en el país, perjudicando no solo la inversión extranjera sino también el beneficio que redunda en las comunidades los grandes proyectos minero-energéticos e hidrocarburíferos con las regalías.
Cárdenas Santamaría se refería en concreto a la Consulta Previa, que según la normatividad colombiana es un derecho fundamental que tienen los grupos étnicos, para poder decidir sobre medidas (legislativas y administrativas) o proyectos, obras o actividades que se vayan a realizar dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación.
Este mecanismo de participación es un derecho constitucional colectivo y un proceso de carácter público especial y obligatorio que debe realizarse previamente, siempre que se vaya a adoptar, decidir o ejecutar alguna medida administrativa o proyecto público o privado, susceptible de afectar directamente las formas de vida de los grupos étnicos nacionales en sus aspectos territorial, ambiental, cultural, espiritual, social, económico y de salud, y otros aspectos que incidan en su integridad étnica.
Sin embargo, pese a que en el papel suena satisfactorio el concepto, para Cárdenas Santamaría es la muestra fehaciente de cómo, en la administración pública, las buenas intenciones acaban generando efectos adversos.
“En Colombia tenemos como ejemplo el caso del gas que por buscar presionar la transformación energética en la búsqueda de combustibles ecoamigables se está descuidando y poniendo en riesgo la seguridad energética del país, y eso ya hoy es una realidad es muy posible, que terminemos importando combustible con el atenuante de que terminemos generando más emisiones de las que pretendíamos prevenir”, expresó el exministro de hacienda quien recalcó: “Quiero insistir: el camino al infierno está plagado de buenas intenciones”.
Con esa introducción, Cárdenas Santamaría pasó al tema central de su análisis, la Consulta Previa: “La consulta previa se inició en respuesta de una convención a la que adhirió Colombia, en la cual se consideraba que era necesario un proceso a través del cual se escuchara a las minorías étnicas en procesos que tuvieran que ver con posibles afectaciones o impactos sobre su territorio. Eso en el papel era realmente muy atractivo porque se trataba de consultar y tener en cuenta escuchar los puntos de vista de las comunidades, porque eso también forma parte de las soluciones”, explicó el precandidato presidencial.
Sin embargo agregó que la consulta previa en Colombia terminó desembocando en algo muy distinto pues se convirtió en un proceso de “extorsión” y en un “chantaje”. “Hoy lo que tenemos es un proceso que no concluye nunca, y que en la práctica nos ha costado mucho porque hay muchos proyectos, para poner solo un ejemplo, en el sector energético, que no han iniciado debido precisamente a que no se ha consumado esta etapa, o que muchas veces después de haber alcanzado etapas contractuales se frenan debido a demandas que interponen las comunidades con el fin de alegar su derecho a la Consulta Previa, y esa disminución del inicio de proyectos energéticos formará parte de la razón por la cual Colombia se vendrá avocada a un razonamiento energético en el 2027”, vaticinó Cárdenas Santamaría.
No está reglamentada
De acuerdo con su perspectiva, la consulta previa se convirtió en un obstáculo para el crecimiento del país: “Un obstáculo para la inversión, para que el país pueda avanzar rápidamente en la solución de sus problemas económicos y sociales”, aseveró Cárdenas Santamaría, quien a renglón seguido explicó la razón por la cual la Consulta Previa se ha convertido en una incesante talanquera para el aumento de la productividad en el país.
“Una de las razones por las cuales la consulta previa no funciona es que no está reglamentada, al no estar reglamentada los tiempos son totalmente caprichosos y arbitrarios y peor aún la definición de quiénes son los actores que se deben incorporar en esas consultas previas también genera mucha incertidumbre, porque se puede haber cerrado una consulta previa en la cual se incluyó para la fase de diálogo a 20 o 30 organizaciones pero tan pronto se ha cerrado ese ciclo aparece una nueva organización que alega que no fue tenido en cuenta y vía demanda constitucional termina frenando todo el proceso que se había hecho de manera previa”, apuntilló Cárdenas.
Aseguró que los antiguos gobiernos nacional así como el actual, están en deuda latente con la ciudadanía frente a este tema pues urge la necesidad de que el gobierno nacional se dé a la tarea de realizar la reglamentación del proceso de consulta previa.
“Ese proceso consiste en tramitar en el congreso una ley que diga que la consulta previa es válida ampliamente en estos y aquellos criterios de tiempo, duración, representación, protagonistas temas, en fin todo el aspecto técnico jurídico”, indicó el exministro de hacienda quien nuevamente reflexionó sobre el desafío que implica la tramitación de la ley pues en su momento, si o sí, deberá pasar por un proceso de consulta previa que muy probablemente reciba mucha oposición de las comunidades ya que a su juicio los interesados, que en este cado vienen siendo las comunidades, no tendrían ningún beneficio con el resultado de esa reglamentación: “Esa es la razón es por la que no se ha reglamentado, por eso afirmo que la consulta previa tal y como existe hoy en Colombia hay que acabarla”, puntualizó categórico Cárdenas Santamaría.
