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Hacker habría robado $129 millones de la cuenta de una asociación de madres comunitarias en San Gil

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Resumen

19 hogares comunitarios en San Gil, Santander, cierran tras el robo de $129 millones de pesos por ciberdelincuentes. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar canceló su contrato con la asociación debido a la falta de fondos para los proveedores y empleados.

Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
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El cierre de 19 hogares comunitarios en San Gil, Santander, ha dejado a 256 niños sin atención, luego de que una millonaria suma de dinero fuera robada por delincuentes cibernéticos, afectando el funcionamiento de estos centros de bienestar. María del Rosario Antolínez, representante legal de la Asociación de Hogares de Bienestar El Porvenir y Otros, denunció que el robo ocurrió en junio, cuando la organización intentaba reclamar los fondos correspondientes a los meses de mayo y junio.

La asociación, que trabaja con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la atención de niños de sectores vulnerables, recibía fondos mensuales para garantizar alimentación y cuidados a los menores. Sin embargo, cuando acudieron al banco para retirar los fondos, descubrieron que $129 millones habían desaparecido de la cuenta de ahorros del Banco Popular. Aunque intentaron obtener respuestas a través de la ‘línea verde’ del banco, no obtuvieron ninguna explicación.

“Nos tocó ir a la sucursal física y cancelar la cuenta. Pasamos derechos de petición y tutelas, pero el banco no nos responde por el dinero que desapareció, a pesar de que teníamos un token de seguridad”, explicó Antolínez. De los $137 millones robados, solo les devolvieron $8 millones. Se supo que los fondos fueron transferidos a cuentas de Bancolombia y AV Villas, pertenecientes a personas naturales y jurídicas en Valledupar y La Guajira.

La situación empeoró cuando el ICBF canceló el contrato con la asociación debido al incumplimiento en los pagos a proveedores y empleados. Esto dejó sin empleo a las madres comunitarias y sin atención a los niños desde agosto.

Las investigaciones por parte de la Fiscalía continúan, mientras que las madres comunitarias y sus familias esperan una pronta resolución que permita restablecer los servicios a los niños afectados por este robo.

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