Resumen
El Plan Nacional de Infraestructura Educativa ha cumplido solo el 14% de su meta de construcción de aulas, evidenciando ineficiencias y un impacto económico por malos manejos. Urge una acción coordinada para cumplir con las demandas del sistema escolar.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Deficiencias en la planificación y ejecución del Plan Nacional de Infraestructura Educativa en Colombia, y la necesaria implementación de cambios profundos y acciones coordinadas entre actores nacionales y territoriales para que la infraestructura educativa cumpla realmente con las demandas del sistema escolar, fueron las conclusiones del foro que donde se analizó el Estudio Sectorial “Evaluación de la Gestión y los Resultados de la Infraestructura Educativa en Colombia 2015-2023. Lecciones y retos desde el control fiscal”, adelantado por la Contraloría General de la República en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca.
Al revelar los resultados de este estudio, que muestran un bajo avance en las metas proyectadas, la Contraloría detectó un impacto económico de cerca de $40 mil millones en hallazgos fiscales encontrados entre 2020 y 2023, sumado a los recientes fallos de responsabilidad fiscal por más de $20 mil millones, que evidencian graves irregularidades en la gestión de los proyectos educativos del PNIE 2015-2023, en los cuales se han invertido cerca de $ 3 billones de pesos a 2023.
Las irregularidades objeto de investigación incluyen 23 proyectos abandonados, sobrecostos en 136 proyectos, pagos excesivos en 70 obras, y costos desproporcionados en 179 proyectos de interventoría.
De acuerdo al estudio de la Contraloría, a 2023, el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) ha entregado 7.358 aulas, alcanzando tan solo el 24% de su meta original de construir y mejorar 30.680 aulas para finales de 2018, lo que representa el 14% de la meta establecida para 2030 en el Conpes 3831 de 2014
El PNIE favoreció a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) con mayores capacidades administrativas y técnicas, relegando a las ETC de menor capacidad, a contar con una mejor infraestructura para la prestación del servicio educativo.
Estas obras lideradas por el FFIE han sido auditadas desde 2015 y en algunos casos han sido objeto de investigación, en especial por parte de la Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura y la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, acciones que complementan el análisis macro, ofreciendo una visión integral de la gestión de la infraestructura educativa en el país.
Como resultado del estudio, la Contraloría General estableció que el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) ha sido ineficiente en sus objetivos fundamentales de cobertura, calidad y equidad en la educación pública. A 2023, el programa solo cumplió el 14% de su meta inicial de aulas construidas, lo cual refleja deficiencias en su arreglo institucional de planificación y ejecución.
También se encontró que la política pública ha favorecido a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) con mayores recursos, dejando relegadas a aquellas de menor capacidad y perpetuando el statu quo de inequidades territoriales. La falta de verificación rigurosa de predios y un sesgo hacia zonas urbanas agravan la situación, contraviniendo el mandato de priorizar áreas rurales según el CONPES 3831 de 2015.
El análisis detallado de este estudio arroja diversas conclusiones y áreas de retroalimentación claves para mejorar la implementación de políticas públicas en materia de infraestructura educativa, las cuales se destacan a continuación:
Bajo logro en la meta general: A 2023, el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE), solo alcanzó el 24% de la meta original de construir y mejorar 30.680 aulas para 2018, (7.358 aulas entregadas), lo que representa el 14% de la meta establecida en el Conpes 3831 de 2015 para 2030, es decir la construcción de 51.134 aulas necesarias para implementar la Jornada Única de los establecimientos educativos oficiales en todo el territorio nacional. En relación con esto, los 329 proyectos concluidos hasta 2023 representan solo el 9.6% de la Jornada Única en el sector oficial.
Sesgo territorial y desbalance urbano-rural: El PNIE favoreció a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) con mayores capacidades administrativas y técnicas, relegando a las ETC de menor capacidad a un segundo plano. Es decir, de los 525 proyectos ejecutados y en ejecución, el 74,5% corresponden a zonas urbanas, frente al 25,5% de zonas rurales, en contraste con el mandato del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018, que enfatizaba la necesidad de priorizar las áreas rurales.
Problemas en la Viabilización de Predios: La viabilización de predios, realizada sobre una base documental sin visitas de verificación detallada (realizada hasta el 2015), generó numerosos atrasos y cancelaciones de proyectos, afectando negativamente la ejecución del PNIE. Esto se vio reflejado en la disminución de proyectos viabilizados sobre los inicialmente postulados, pasando del 72% de viabilización de proyectos en la primera convocatoria a 15% en la cuarta.
Deficiencias encontradas en el control fiscal micro, en supervisión y ejecución Contractual: La evaluación al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa identificó 90 hallazgos en supervisión y 66 en cumplimiento de contratos, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la supervisión y asegurar el cumplimiento efectivo de los términos contractuales. Entre 2020 y 2023, los hallazgos fiscales sumaron $40 mil millones, con mayor incidencia en la región Centro Oriente ($26 mil millones), seguida por el Eje Cafetero y Centro Sur ($7 mil millones y $3 mil millones, respectivamente). Además, 17 hallazgos subrayan la importancia de mantener y operar adecuadamente las instalaciones escolares para asegurar la efectividad de las inversiones a largo plazo.
Fallos de responsabilidad fiscal: La Contraloría General de la República investigó 318 proyectos educativos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (FFIE) 2015-2018, detectando graves irregularidades. Profiriendo fallos de responsabilidad fiscal por más de $ 20 mil millones. Las irregularidades incluyen 23 proyectos abandonados, sobrecostos en 136 proyectos, pagos excesivos en 70 obras, y costos desproporcionados en 179 proyectos de interventoría.
Además, los gastos administrativos del FFIE fueron ineficientes. Pese a esto, la Contraloría logró que 57 de las 80 instituciones inicialmente abandonadas fueran terminadas y puestas en funcionamiento, beneficiando a la comunidad estudiantil.
La Contraloría General de la República resaltó la necesidad de una urgente implementación de cambios profundos y acciones coordinadas entre actores nacionales y territoriales para que la infraestructura educativa cumpla realmente con las demandas del sistema escolar, en la búsqueda de cierre de brechas, objetivos iniciales de la Política Pública.
