Hay un dossier de irregularidades plenamente documentadas en el expediente, entre ellas que en el proceso de elección de los integrantes de la mesa directiva de la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga no se resolvieron de manera efectiva las recusaciones que se presentaron, y que impedían que se configurara el quórum lo que afectó la garantía en la participación de los alcaldes de la jurisdicción y la representación de las diferentes regiones y departamentos que hacen parte de la Corporación Autónoma dentro del Consejo Directivo.
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El futuro administrativo de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga quedó en vilo este miércoles y en resumidas cuentas luce lúgubre.
Así puede afirmarse luego de que el Tribunal Administrativo de Santander decidiera dejar provisionalmente sin efectos la relativamente reciente elección de la mesa directiva de la autoridad ambiental, luego de denuncias públicas que en el marco del proceso efectuó el diputado de la Asamblea de Santander, Ferley Sierra.
La elección a pesar de los continuos cuestionamientos se efectuó el 23 de febrero de este 2023 y luego de la misma el gobernador trinó con aire de triunfo el siguiente mensaje: “Anunciamos los miembros del Consejo Directivo 2023 de la @CARCDMB, los alcaldes de #Piedecuesta @mariojcarvajal. #Charta Alvaro Rojas Toloza, Rionegro @rvdecorazon, y #Matanza @CesarALozada. ¡Mil felicidades! A velar por los ecosistemas y la protección del medio ambiente”, trino que el mandatario seccional acompañó con imágenes en las que se referenciaba la abundante presencia de miembros de la Procuraduría General de la Nación, quienes entonces actuaron como garantes dentro del proceso de elección.
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Sin embargo, y como cosa paradójica, como demandante figura en el expediente la propia Procuraduría General de la Nación, quien solicitó al máximo tribunal de lo contencioso y administrativo en Santander imponer medidas cautelares sobre el proceso de elección en el marco de una demanda de nulidad electoral elevada por el ministerio público, al considerarse que efectivamente pudieron existir irregularidades en el proceso de elección de los miembros del Consejo Directivo de la CDMB.
Las irregularidades
En concreto, y de acuerdo a declaraciones entregadas por el diputado Ferley a EL FRENTE, para consumar la elección de los 4 alcaldes que integrarían el Consejo Directivo de la CDMB para la vigencia del año 2023, se presentaron tres escritos de recusación y una solicitud de suspensión de la mentada votación, sin que los mismos hayan sido tramitados en la forma debida, lo que a la postre facilitó la escogencia de personas que a juicio del corporado llegaron a la elección tras la implementación de una temeraria estratagema, en la que jugó un especial papel la actual y muy cuestionada contralora departamental, Blanca Clavijo.
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“Una vez supimos las irregularidades que se venían presentando desde la Contraloría departamental de Santander, donde se venían ejerciendo unas presiones bastante irregulares justo en la semana en la que se realizaba la elección de la mesa directiva, pusimos en público conocimiento cómo se efectuaron esas presiones”, explicó el profe Ferley, quien detalló que el mecanismo se jugó en contra del alcalde de Vetas y la Alcaldesa de Suratá.
“Fue retirada de su cargo por la contraloría con un argumento tan irrisorio como la buena fe guardada, donde no se especificaba un concepto jurídico ni mucho menos una relación de hechos por los cuales se le aperturaba investigación, sin embargo, se decretaba la resolución de apartarla del cargo de una manera apresurada, en un tiempo récord, ella quien era precisamente una de las mandatarias que no se encontraba alineada con la línea de votación que presuntamente intentó presionar la Gobernación de Santander”, recalcó el corporado.
Un fortín financiero
¿Cuál era el objetivo de tales presiones? “Toda estrategia toda esta estrategia se puso en marcha teniendo en cuenta que esta junta directiva que pretendió elegirse, en el final de año tendrá un papel preponderante en la elección del próximo director de la CDMB, quien dirigirá la corporación ambiental durante los próximos cuatro años, por supuesto asegurando con esta elección el manejo de un presupuesto cercano a los 70,000 millones de pesos anuales”, especificó Ferley Sierra, quien celebró la actuación de la Procuraduría, primero tramitando su denuncia y ahora logrando una victoria que aunque no es definitiva sí deja implícita la posibilidad de que sería inminente la elección de una nueva mesa directiva.
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Efectivamente, el Ministerio Público a través del procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Gustavo Guerrero interpuso la demanda haciendo ejercicio o del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
“Hoy tenemos que reconocer que la procuraduría ha actuado, en este caso la procuraduría provincial quienes iniciaron un proceso de denuncia y de queja y se determina con la acción jurídica de los tribunales en la procuraduría la suspensión temporal de esta junta directiva”, agregó el diputado.
En su reciente decisión, el tribunal señaló que es más que evidente que hubo irregularidades que afectaron de manera sustancial y directa el acto de elección insistiendo en que, los miembros recusados de la Asamblea no podían participar ni votar sobre la elección, hasta tanto no se resolvieran en debida forma y por autoridad competente las recusaciones presentadas en su contra, ya que éste trámite demandaba la suspensión de la actuación para que se determinara por el competente, si los recusados debían separarse del conocimiento de la actuación o continuar con la misma.
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