Resumen
La cárcel Modelo de Bucaramanga enfrenta un brote de tuberculosis con 85 casos confirmados. Debido a esto, se ha restringido el ingreso de nuevos reclusos, ampliando la crisis por hacinamiento. El SEUP solicita intervención urgente de las autoridades.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Recientemente, trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se opusieron al ingreso de 33 personas privadas de la libertad a la cárcel distrital Modelo de Bucaramanga.
La negativa se debe a la grave crisis sanitaria que enfrenta el centro penitenciario por un brote de tuberculosis que ha afectado a un alto número de reclusos.
El Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP) rechazó tajantemente la decisión de trasladar a los 33 presos, quienes se encontraban recluidos en diferentes estaciones de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Alegaron que la cárcel Modelo no cuenta con las condiciones necesarias para recibir más internos en medio de la emergencia sanitaria.
Actualmente, el establecimiento penitenciario mantiene una restricción en el ingreso de nuevos reclusos debido a la rápida propagación de la enfermedad. Hasta la fecha, se han confirmado 85 casos de tuberculosis, de los cuales tres internos se encuentran hospitalizados y uno de ellos está en la Unidad de Cuidados Intensivos. Además, 260 reclusos permanecen en aislamiento preventivo ante la posibilidad de nuevos contagios.
"De esos 85 casos, hay tres internos hospitalizados, uno de ellos en UCI debido al diagnóstico de TBC", informó Alonso Murcia, sargento del Inpec.
El sindicato también denunció que el hacinamiento en la cárcel supera el 70%, lo que dificulta la implementación de medidas de aislamiento para controlar la propagación de la tuberculosis. Además, recalcaron que existen otros centros carcelarios en la región a donde podrían ser trasladados los reclusos sin agravar la crisis en Bucaramanga.
Los trabajadores del Inpec advierten que la situación no solo pone en riesgo la salud de los internos, sino también la integridad de los funcionarios que laboran dentro del penal. Por ello, solicitaron la intervención inmediata de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, con el fin de garantizar la protección de los derechos tanto de los reclusos como del personal penitenciario.
