Peor que el encierro, la salud y la alimentación en las prisiones

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Varias horas después de que los internos de la Cárcel La Modelo de Bucaramanga ingresaran a huelga de hambre, la medida de protesta se levantó como consecuencia de una serie de compromisos adquiridos entre los representantes de la población privada de la libertad y las directivas del penal.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda
Redacción Política / EL FRENTE

Entre los compromisos, adquiridos por las partes está la instalación de una mesa de diálogo en la que tienen asiento la Dirección Nacional de la Unidad de Salud del Inpec, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Delegado de Derechos Humanos de la Población Privada de la Libertad, y los directivos del establecimiento La Modelo.

El objetivo principal de la mesa es realizar una ruta de seguimiento a la prestación de servicios de salud en el interior de la cárcel, servicio que ha sido de recurrente crítica por parte de los reclusos al punto que señalaron que el pésimo servicio ha causado varias muertes en La Modelo.    

La posición frente al tema de salud es unánime en todo el penal pues hace pocos días enviaron una carta a las directivas la cual tuvo como firmantes a los internos que fungen como coordinadores de los Grupos de Derechos Humanos de cada una de las 7 comunidades del penal, quienes aseguraron que en los meses anteriores se han presentado decesos de varios reclusos por falta de una adecuada atención médica, sin que las directivas de La Modelo muevan un solo dedo para evitarlo, las cuales estarían aceptando la imposición de una serie de trámites e intermediaciones que demorarían más los procesos médicos.

“Vemos la cantidad de tramites e intermediaciones que entorpecen la pronta atención médica y odontológica de los internos debido a que los filtros para ser atendidos van desde la USPEC, Fiducia, SerSalud y éste ordenando a la red médica”, indicaros los internos.

“Como casos puntuales a estas falencias enormes podemos citar los siguientes PPL que fallecieron por la negligencia médica en la atención oportuna de sus tratamientos: Carlos Porras del patio 3, Jose Adan del patio 3, Ricardo Arenas del patio 5, Alfonso Naranjo Herrera del patio 5, Miguel Enrique Rojas del patio 5, entre otros.





Pésimo servicio
de alimentación

Sumado al tema del pésimo servicio de salud, otra queja que ha sido recurrente es el tema de la alimentación. Por esta razón, el Ministerio Público pidió cuentas a la USPEC frente al servicio de alimentación en la cárcel de Bucaramanga y los 125 establecimientos del orden nacional.

En este contexto, la Procuraduría General de la Nación solicitó al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, resultados frente a las inconformidades planteadas por los directores de los 125 centros Penitenciarios y Carcelarios existentes en el país.

El requerimiento se da luego de que la procuraduría delegada para los Derechos Humanos, realizara visitas a establecimientos como El Barne, La Picota, El Pedregal y La Tramacúa, entre otros, donde pudo establecer fallas en los servicios de alimentación que allí se prestan.

Representantes de esa delegada corroboraron dicha información con los 125 directores de los centros de reclusión del orden nacional existentes en el país, en una reunión organizada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, donde estos manifestaron sus inconformidades con el suministro de materias primas (mercado), problemas con la manipulación de alimentos y los horarios para el servicio de alimentación, entre otros.

“El descontento de los directores de establecimientos frente al servicio de alimentos es preocupante, puesto que sienten que no existe una coordinación efectiva entre la Uspec y el Inpec”, asegura la Procuraduría en su comunicación.

Frente a esta situación la delegada para los Derechos Humanos solicitó a la USPEC el listado de contratistas que prestan dichos servicios, sus supervisores e interventores, fichas descriptivas de cada contrato con sus obligaciones, un recuento de las quejas presentadas por mal servicio y los informes de interventoría sobre sanciones impuestas hasta el momento.

También requirió copia del más reciente informe presentado a la USPEC por el Comité de Salud y Alimentación (COSAL) organismo interno del régimen penitenciario que hace seguimiento al servicio de alimentación en cada establecimiento. Con esta información el Ministerio Público entrará a evaluar qué acciones tomará frente a dicha problemática.

Finalmente, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, hizo un llamado a los actores del sistema penitenciario para mejorar la supervisión de los contratos de servicios alimenticios y adoptar las medidas correctivas establecidas por la ley si los operadores incumplen.