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Una Contraloría atenazada Por: Daniel Caicedo*



Una Contraloría atenazada Por: Daniel Caicedo* | EL FRENTE
Desde la pasada administración municipal de Rodolfo Hernández no ha cesado la campaña de intimidación contra la Contraloría Municipal de Bucaramanga, la cual ha sido retomada por la actual administración municipal en cabeza del Alcalde Juan Carlos Cárdenas.

Parece que los hallazgos fiscales  que generan procesos de responsabilidad fiscal que encuentra la Contraloría Municipal en sus auditorías tienen molesto al señor alcalde municipal, quien en acto de soberbia, en vez de buscar los correctivos administrativos para que no se vuelvan a presentar los mismos hallazgos fiscales que pueden tener incidencia penal, fiscal, disciplinaria y administrativa prefiere, en represalia, concentrar sus esfuerzos en debilitar al organismo de control con una campaña fríamente diseñada y que está siendo ejecutada en dos frentes.

El primer frente lo llevaba de manera soterrada y oculta a la opinión pública. El alcalde municipal de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas Rey, solicitó a la Contraloría General de la República que ejerza la competencia prevalente frente a la vigilancia y control fiscal que está adelantando la Contraloría Municipal de Bucaramanga a la contratación que adelantó por la pandemia de Covid-19 y en la cual se han denunciado algunos casos de sobrecostos o de contratación con aliados políticos como el caso de la Canasta. Esta solicitud la realizó sustentada en el literal f) artículo 6 del Decreto 403 de 2020 que establece el mecanismo de intervención funcional excepcional. Para que proceda esta solicitud, debe la administración municipal de Bucaramanga demostrar y probar las razones o circunstancias objetivas por las cuales se infiera duda de las actuaciones de la Contraloría municipal de Bucaramanga en sus funciones de vigilancia y control fiscal. La Contraloría General al despachar negativamente la solicitud de intervención funcional excepcional consideró que no era procedente acceder a la petición del alcalde Juan Carlos Cárdenas por cuanto no fundamentó su petición con razones y circunstancias que pusieran en duda la imparcialidad y objetividad del ente de control fiscal en sus actuaciones.

El segundo frente es el de recortar el presupuesto anual de funcionamiento que por ley debe el municipio de Bucaramanga transferir a la Contraloría Municipal. Con estas acciones buscan que el ente de control no disponga de los recursos que requiere para contratar el personal técnico indispensable para llevar a cabo el plan anual de auditorías y de esta forma evitar que las mismas se hagan en la oportunidad y con la profundidad técnica con el fin de eludir el hallazgo fiscal. El proyecto de presupuesto que la Contraloría Municipal presentó a la administración central para que fuera incorporado al Proyecto de presupuesto General del municipio de Bucaramanga se hizo de conformidad con la Ley 1416 de 2010 que determina que los gastos de las contralorías municipales crecerán “porcentualmente en la cifra mayor que resulte de comparar la inflación causada en el año anterior y la proyectada para el siguiente por el respectivo municipio”.

Para la vigencia de 2021 el alcalde Cárdenas incluyó en el proyecto de acuerdo de presupuesto para estudio del Concejo Municipal un recorte en las transferencias a la Contraloría Municipal superior a los dos mil trescientos millones, soportado en el informe de viabilidad financiera de la Oficina de Planeación Departamental de la Gobernación de Santander. Lo extraño del asunto es que al aplicar las tablas de la Secretaría de Planeación Departamental dan como resultado un exceso en la contraloría de Bucaramanga equivalente a $89 millones, pero de ahí a saltar a más de dos mil trescientos millones de recorte presupuestal deja en duda las verdaderas razones de tal desatino.

El alcalde Juan Carlos Cárdenas no le debe temer al trabajo serio y calificado que viene haciendo la Contraloría Municipal de Bucaramanga en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales. Ellas son prenda de garantía que efectivamente su administración se desarrolla dentro de los principios de probidad y anticorrupción que pregona por todos los medios.

*Abogado. Miembro Fundador Colegio de abogados Penalistas de Colombia-Fundación Defensa de inocentes.

Publicacion: Jueves 26 de Noviembre de 2020 
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