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Justicia

11 menores entre los muertos: crecen las alarmas por reclutamiento en las disidencias de ‘Calarcá’

Las disidencias de ‘Calarcá’ siguen reclutando menores, pese a los compromisos de paz y las alertas oficiales.

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11 menores entre los muertos: crecen las alarmas por reclutamiento en las disidencias de ‘Calarcá’
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Un nuevo informe encendió las alarmas sobre la situación de los niños y adolescentes en medio del conflicto armado colombiano. Pese a los compromisos adquiridos durante las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional, las disidencias comandadas por alias ‘Calarcá’ continúan reclutando menores de edad para integrar sus filas.

La preocupación aumentó tras conocerse que, de los 48 cuerpos recuperados por Medicina Legal luego de los recientes combates entre las estructuras de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’ en zona rural de San José del Guaviare, 11 correspondían a menores de edad. El hallazgo volvió a poner en evidencia una práctica que, pese a las promesas de erradicarla, sigue golpeando a las comunidades más vulnerables del país.

El tema resulta especialmente delicado porque en noviembre de 2025, durante el séptimo ciclo de conversaciones de paz, el Estado Mayor de los Bloques y Frentes se comprometió formalmente a impedir el ingreso de menores de 18 años a sus estructuras armadas. Sin embargo, los recientes hallazgos y las cifras oficiales muestran una realidad distinta.

Datos de la Defensoría del Pueblo revelan que entre enero y abril de 2026 fueron reclutados al menos 25 menores en Colombia y que el grupo liderado por alias ‘Calarcá’ concentra el 44 % de estos casos, convirtiéndose en la estructura armada que más niños y adolescentes estaría incorporando a sus filas.

A este panorama se suman las estadísticas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, según las cuales más de 1.300 menores han ingresado en los últimos años a programas de atención tras desvincularse del conflicto armado o ser rescatados del riesgo de reclutamiento.

El incumplimiento de este compromiso representa un nuevo golpe para el proceso de paz y reabre el debate sobre las garantías reales de protección para la niñez en las regiones donde continúan operando grupos armados ilegales.