19 miembros de la Brigada XVI del Ejército responderán ante la JEP por 318 falsos positivos ejecutados en un solo departamento

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP postuló ante el Tribunal para la Paz a 19 miembros de la Brigada XVI del Ejército Nacional, un exfuncionario del extinto DAS y dos civiles, para que se inicie la etapa de juicio, después de haber concluido que aportaron verdad y reconocieron su responsabilidad, y con ello, sean objeto de la imposición de una Sanción Propia. Los comparecientes fueron imputados como máximos responsables a un patrón de macrocriminalidad relacionado con 318 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como dados de baja en combate en Casanare.

Tras un proceso de contrastación judicial en el que se esclarecieron el patrón de acción macrocriminal y los hechos y conductas más representativos, se determinaron las responsabilidades individuales, se calificaron jurídicamente los asesinatos y desapariciones forzadas como crímenes de guerra y de lesa humanidad, además de homicidios en persona protegida conforme al Código Penal, se recibieron los reconocimientos escritos de los imputados y se llevó a cabo la Audiencia de Reconocimiento de Verdad en Yopal (Casanare). Como resultado de ese proceso, la JEP emitió la quinta Resolución de Conclusiones, la cuarta dentro del Caso 03.

A través de esta resolución, remitida a la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal Especial para la Paz, encargada de imponer las Sanciones Propias, el magistrado Óscar Parra Vera, relator del Subcaso Casanare, determinó que 22 de los 26 imputados reconocieron su responsabilidad y aportaron verdad completa, detallada y exhaustiva. En cuanto a los otros cuatro comparecientes, el coronel (r) Peña Chivatá falleció en 2023, con posterioridad a su no reconocimiento, por lo cual su caso fue precluido. El teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán no aceptó inicialmente su responsabilidad y su proceso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, donde recientemente reconoció su responsabilidad. Por su parte, el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo y el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes continuarán en la Sala de Reconocimiento, para la verificación de sus aportes a la verdad.

Los 22 imputados remitidos pertenecieron a la Brigada XVI, al Gaula Casanare y al Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez (Birno), e hicieron parte de una

organización criminal que utilizó la estructura institucional del Ejército para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate en Casanare entre 2005 y 2008. En total, 318 personas fueron asesinadas y presentadas ilegitimamente como dados de baja en combate. Mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad cognitiva sufrieron daños graves, diferenciados y desproporcionados por las acciones de estas unidades militares. Los pobladores fueron estigmatizados y muchas familias padecieron con especial intensidad este fenómeno.

Tras aportar verdad que permitió reconstruir la magnitud de los delitos imputados, la evolución de las prácticas, las dinámicas y políticas que las posibilitaron, así como reconocer su responsabilidad, los integrantes retirados de la Brigada XVI del Ejército Nacional postulados para la imposición de una Sanción Propia son: el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, quien comandó la brigada entre diciembre de 2005 y julio de 2007; el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama, excomandante del grupo especial Delta; y el sargento segundo (r) Faiber Alberto Amaya Ruiz.

Por parte del Gaula Casanare, la Sala de Reconocimiento de Verdad postuló al mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, excomandante de la unidad; al capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha, exjefe de inteligencia; a los tenientes (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez y Jhon Alexánder Suancha Florián, excomandantes operativos; al cabo primero (r) Gélver Pérez García; y al soldado (r) Alexánder González Almario.

Por parte del Birno, los postulados son: el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo, excomandante; el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava y el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez, exjefes de la sección de inteligencia; el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez, exjefe de operaciones; el capitán (r) Miguel Andrés Sierra García; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; y el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano.

La sala también postuló al detective Orlando Rivas Tovar, quien fue director de la Seccional Casanare del extinto DAS. Asimismo, a los terceros civiles Wilson Rodríguez Mimísica y Miguel Fernando Ramírez, quienes actuaron como falsos informantes que engañaron a las víctimas para que fueran asesinadas por el Gaula Casanare.

A partir del proceso restaurativo derivado de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad —en la que estos 22 comparecientes aceptaron públicamente su responsabilidad—, la sala

decidió, luego de un riguroso análisis, imputar los crímenes de tortura y tratos inhumanos y degradantes a seis de ellos: Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexánder Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez, Miguel Andrés Sierra García y Zamir Humberto Casallas Valderrama. Todos, excepto el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes, manifestaron su intención de reconocer responsabilidad por estos delitos que se sumaron a sus expedientes.

¿La razón? A partir de los relatos entregados por las víctimas durante la audiencia y en los espacios privados promovidos por la JEP, tanto ellas como el Ministerio Público informaron a la magistratura que sus familiares habían sido ultrajados física y psicológicamente antes de ser asesinados. Tras contrastar esta información, la Sala de Reconocimiento de Verdad comprobó que, en algunos de estos casos, se cometieron crímenes de guerra de tortura y tratos crueles, los cuales fueron imputados a estos seis comparecientes.

Asimismo, en abril de 2025, la sala imputó como máximos responsables a tres comparecientes más dentro del Subcaso Casanare, para un total de 29 imputados, ellos son: el sargento (r) Jaime Luis Olivera Arrieta, analista de blancos de la Brigada XVI; el subteniente (r) Gustavo Alberto Parada Cuéllar, integrante de la oficina de inteligencia del Birno; y el teniente coronel (r) Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena, jefe de la oficina de inteligencia de la Brigada XVI. Con los dos primeros, la sala inició un proceso restaurativo, luego de que manifestaran su intención de reconocer responsabilidad, razón por la cual no fueron incluidos en esta Resolución de Conclusiones. En cuanto a Sarmiento Valbuena, la magistratura se encuentra a la espera de que defina si reconocerá o no su responsabilidad, con el fin de determinar la continuidad de su proceso.

En la JEP la voz de las víctimas cuenta

Más de 612 víctimas han sido acreditadas en el Subcaso Casanare del Caso 03. En sus inicios, este subcaso contaba con la participación de 20 víctimas; sin embargo, a medida que avanzó la investigación y creció la confianza en la labor de la JEP en la región, por las verdades reveladas, más personas decidieron sumarse al proceso, permitiendo ampliar significativamente la participación y el esclarecimiento de los hechos.

En cumplimiento del principio de centralidad de las víctimas y en respuesta a sus observaciones durante la Audiencia de Reconocimiento de Verdad, tanto la Sala de Reconocimiento de Verdad como la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas

desarrollaron, a lo largo de 2024, una serie de encuentros acompañados por equipos de psicólogos y otros profesionales expertos de la JEP. En estos espacios participaron los comparecientes imputados como máximos responsables del Subcaso Casanare que reconocieron su responsabilidad, así como otros comparecientes que no fueron seleccionados como máximos responsables porque, aunque participaron en los hechos, no desempeñaron roles de liderazgo o decisión en la configuración del patrón criminal documentado por la JEP.

Como resultado de estos ejercicios restaurativos, más de 100 víctimas, dos sobrevivientes y 57 militares retirados participaron en distintos encuentros privados de diálogo. En uno de ellos, realizado en agosto de 2024, las víctimas se reunieron cara a cara con comparecientes de la fuerza pública y con civiles vinculados a este subcaso, en un espacio que les permitió formular nuevas preguntas y profundizar en los hechos que aún requerían mayor esclarecimiento. Para muchas de ellas, sobre algunos de esos hechos persisten dudas y demandas de verdad; por eso buscan más información que les ayude a comprender qué ocurrió con ellas y con sus familiares.

Estos encuentros dialógicos privados permitieron ampliar la verdad ya reconocida por los máximos responsables. Con la participación de comparecientes no máximos responsables, fue posible esclarecer detalles puntuales sobre los asesinatos y responder preguntas de las víctimas relacionadas con las últimas horas de vida de sus familiares. Aspectos como el traslado al lugar de la ejecución, las últimas palabras y el trato recibido antes de la muerte fueron, en su mayoría, revelados por quienes participaron directamente en la ejecución de los hechos, aunque no en su planificación ni liderazgo.

Además, en el proceso restaurativo se evidenció que algunos comparecientes manifestaron su interés de entregar sus condecoraciones porque fueron producto de esta práctica criminal. Algunas víctimas han solicitado que esta entrega tenga todo el peso jurídico, razón por la cual la Sala de Reconocimiento de Verdad ha exhortado al Ministerio de Defensa Nacional iniciar los procesos de retiro de las condecoraciones y felicitaciones entregadas a los comparecientes postulados con ocasión del reporte ilegítimo de bajas en combate.

De igual manera, durante este tiempo, en el marco de una articulación institucional entre dependencias de la JEP, órganos del sistema y otras entidades del Estado se ha impulsado la búsqueda y entrega digna de siete personas dadas por desaparecidas, y está próxima la entrega a sus familiares de los cuerpos de cuatro víctimas más.