2 mil 700 hectáreas, la restitución más grande a una familia campesina desplazada por paramilitares

​

En cumplimiento de una orden del Tribunal Superior de Bogotá, el Gobierno nacional, a través de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), restituyó más de 2.700 hectáreas a una familia campesina víctima de despojo por estructuras paramilitares en el municipio de Mapiripán, Meta.

La restitución comprende los predios ‘Tres Riales’, de 1.377 hectáreas, y ‘Los Caracoles’, de 1.361 hectáreas, para un total de 2.728 hectáreas, que fueron arrebatadas a sus propietarios en medio de la violencia ejercida por grupos armados ilegales al mando de alias 'Cuchillo'.

Según la URT, este caso es considerado emblemático debido a que la familia fue víctima de dos desplazamientos forzados, inicialmente por amenazas y presiones relacionadas con el reclutamiento de menores, y posteriormente por el saqueo de sus bienes.

“Con la materialización de esta sentencia avanzamos en la garantía de derechos para las víctimas y en la restitución efectiva de sus tierras”, afirmó Aura Bolívar, directora territorial encargada de la URT en Meta.

La entrega fue liderada por la Dirección Territorial Meta de la entidad, con acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán, como parte del cumplimiento de la sentencia judicial.

La historia del despojo se remonta a finales de los años noventa, cuando la familia adquirió los predios y comenzó su explotación productiva. Sin embargo, a partir del año 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la dinámica de la región.

Inicialmente, integrantes de las Farc ejercieron presiones mediante extorsiones, amenazas e intentos de reclutamiento de los hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.

 Posteriormente, con la incursión del Bloque Centauros de las Auc, la situación se agravó. Los predios fueron saqueados, se registró el robo de cerca de 200 cabezas de ganado y aumentaron las amenazas, lo que obligó al propietario a abandonar definitivamente las tierras en 2004.

Años después, emisarios de alias 'Cuchillo" informaron a la familia que los predios estaban bajo su control. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de los bienes.

Tras analizar el caso, el Tribunal Superior de Bogotá concluyó que los reclamantes son víctimas de despojo, descartó la buena fe de los opositores y determinó que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia, ordenando así la restitución de los predios.