38 años de ausencia: dos familias en Santander siguen buscando a sus desaparecidos tras enfrentar el despojo armado

En las montañas de Santander, donde la tierra guarda silencios que pesan más que la memoria, dos familias siguen caminando con una ausencia que no se resigna. Han pasado más de 38 años desde que dos campesinos fueron desaparecidos y asesinados en el corregimiento de La Aragua, en el municipio de Santa Helena del Opón, y la búsqueda continúa, paso a paso, como una herida que no cicatriza.

Los hechos se remontan a 1988, en uno de los periodos más crudos del conflicto armado en Colombia. En esa época, grupos armados ilegales irrumpían en zonas rurales imponiendo el despojo como regla y el miedo como lenguaje.

Fue en ese contexto donde dos campesinos decidieron resistir. No eran líderes visibles ni figuras públicas. Eran hombres de campo, arraigados a sus cultivos, a sus familias, a una vida construida con esfuerzo. Cuando los actores armados llegaron para expulsarlos de sus tierras, se enfrentaron a ellos con lo único que tenían: determinación. Esa decisión les costó la vida.

Según la reconstrucción de los hechos lograda con testimonios recogidos durante décadas, ambos fueron desaparecidos y posteriormente asesinados. Sus cuerpos, de acuerdo con versiones coincidentes, habrían sido enterrados en el cementerio del corregimiento de La Aragua, como si la tierra que defendieron se hubiera convertido también en su última morada forzada.

Desde entonces, sus familias emprendieron una travesía que no ha tenido descanso. Han buscado en archivos, en relatos, en memorias fragmentadas. Han tocado puertas institucionales, han acompañado procesos colectivos y han sostenido una esperanza que el tiempo no ha logrado apagar.

Ese camino ha estado acompañado por organizaciones como el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, que ha servido de puente entre las víctimas y las instituciones, ayudando a reconstruir las piezas dispersas de una historia marcada por el miedo y el silencio.

La intervención del Estado: una respuesta tardía

Décadas después, el caso llegó a manos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), creada tras el Acuerdo de Paz para enfrentar una de las tragedias más profundas del país: la desaparición forzada.

Lo que comenzó como la búsqueda de una sola persona se transformó, en el curso de la investigación humanitaria, en la confirmación de que eran dos las víctimas. Dos historias entrelazadas por la violencia y el abandono.

Con el acompañamiento de las familias y de testigos que aún conservan fragmentos de lo ocurrido, el equipo forense de la UBPD delimitó posibles puntos de inhumación dentro del cementerio de La Aragua. Allí inició una intervención que, aunque cargada de expectativa, también enfrentaba el peso de casi cuatro décadas de incertidumbre.

Excavaciones, incertidumbre y un resultado adverso

Durante tres días, un equipo compuesto por un antropólogo, una criminalista y un topógrafo recorrió el terreno señalado. Cuatro puntos fueron identificados como posibles lugares de enterramiento. Uno a uno, esos lugares fueron intervenidos. Uno a uno, fueron descartados.

El resultado, aunque técnicamente claro, dejó una sensación agridulce: no se encontraron los restos. Pero en el lenguaje de la búsqueda humanitaria, incluso descartar un sitio es avanzar. Es cerrar una puerta para abrir otras, es afinar la ruta en medio de un mapa incompleto.

El caso no ha estado aislado de las dinámicas de exigencia de verdad y justicia. En 2024, organizaciones como la Mesa de Participación de Víctimas de Cimitarra y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado solicitaron medidas cautelares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para proteger el cementerio.

Sin embargo, ante la intervención de la UBPD, la JEP decidió no decretarlas, al considerar que ya existía una acción estatal en curso. Una decisión que, aunque técnica, deja entrever la complejidad de coordinar respuestas en escenarios donde el tiempo ha erosionado las pruebas y las certezas.

La historia de estas dos familias no es una excepción. Hace parte de un universo mucho más amplio de desapariciones en la región. El municipio de Santa Helena del Opón está incluido en el Plan Regional de Búsqueda Yariguíes, que documenta 876 personas dadas por desaparecidas y al menos 166 solicitudes activas.

Son cifras que no solo hablan de estadísticas, sino de ausencias acumuladas, de mesas incompletas, de nombres que siguen esperando ser llamados.

La búsqueda como acto de resistencia

Hoy, 38 años después, la escena no es la del hallazgo, sino la de la persistencia. Las familias siguen esperando. La UBPD anuncia que continuará con nuevas líneas de investigación. Los testimonios siguen apareciendo, como piezas sueltas de un rompecabezas que se resiste a completarse.

Porque en Colombia, buscar a un desaparecido no es solo un proceso forense. Es un acto de resistencia contra el olvido.

Y en La Aragua, entre tumbas sin nombre y caminos de tierra, esa resistencia sigue viva. Cada paso que no encuentra respuestas, lejos de cerrar la historia, la empuja a seguir siendo contada.