Durante tres días, Barrancabermeja dejó de ser solo geografía petrolera para convertirse en escenario de memoria viva. Allí, en audiencias públicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 601 víctimas acreditadas alzaron la voz en el Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, un expediente que escarba en uno de los capítulos más oscuros del conflicto: la presunta alianza entre integrantes de la fuerza pública, agentes del Estado y estructuras paramilitares.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

No fue una audiencia cualquiera. Fue más bien una especie de tribunal de la memoria, donde las palabras no solo describieron hechos, sino que reconstruyeron un mapa del miedo que marcó a toda una región entre 1998 y 2000, durante lo que las víctimas han denominado la ‘toma paramilitar’ de Barrancabermeja.

Las jornadas, realizadas los días 27 y 28 de febrero y el 21 de marzo de 2026, tuvieron como eje las observaciones de las víctimas frente a las versiones voluntarias entregadas por 35 comparecientes de la fuerza pública. Es decir, un ejercicio de contraste directo: lo que dicen los investigados frente a lo que vivieron quienes cargan las cicatrices.

A través de voceros y representantes legales, campesinos, sindicalistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos y estudiantes fueron desgranando relatos que, más que testimonios aislados, dibujan patrones de violencia sistemática.

En total, 72 intervenciones pusieron sobre la mesa no solo los hechos, sino también sus contextos, sus causas y sus consecuencias.

La violencia no fue al azar

Uno de los puntos más contundentes de la audiencia fue la insistencia de las víctimas en que la violencia no fue espontánea ni caótica. Según sus relatos, hubo motivaciones claras: control territorial, acumulación de tierras fértiles y, sobre todo, intereses económicos ligados a la industria petrolera y minera.

José Vicente Ordóñez, de la Asociación de Contratistas del Magdalena Medio, lo resumió sin rodeos: detrás del terror, dijo, se movían intereses por concentrar la riqueza de los hidrocarburos.

En la misma línea, desde la Unión Sindical Obrera (USO), se planteó que la persecución contra sindicalistas buscaba despejar el camino para procesos de privatización y tercerización laboral. En ese ajedrez, los trabajadores organizados eran piezas incómodas.

Una herida abierta

Los relatos no se quedaron en la descripción de los hechos violentos. También expusieron sus efectos: asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos que deshilacharon comunidades enteras.

Pero el impacto fue más profundo. Las víctimas hablaron de proyectos de vida truncados, del miedo instalado como rutina, de organizaciones sociales debilitadas y de un tejido comunitario que se rompió como vidrio bajo presión.

Yolanda Corzo, esposa de un sindicalista asesinado, lo expresó con una frase que quedó flotando en la sala como eco persistente: las balas no solo mataron, también entraron en las familias, dejando miedo, persecución y destierro.

El campo, el río y la ciudad: tres escenarios del mismo dolor

El primer día estuvo marcado por las voces campesinas, provenientes de regiones como el sur de Bolívar, Antioquia, Cesar y Santander. Allí se habló de desplazamientos, asesinatos y del impacto devastador sobre los procesos organizativos rurales. Una frase resumió ese sentir: el territorio no estuvo abandonado por el Estado, sino que, según denunciaron, convivió con la violencia paramilitar.

El segundo día llevó el foco a sectores económicos. Transportadores del río Magdalena y trabajadores vinculados al petróleo describieron cómo la violencia alteró no solo la seguridad, sino la dinámica laboral y productiva. Uno de los testimonios más duros evocó una imagen casi imposible de borrar: pescadores que, en lugar de sacar peces, encontraban cuerpos en sus redes. El río, dijeron, se convirtió en cementerio.

La última jornada regresó al corazón urbano de Barrancabermeja, donde las víctimas reconstruyeron la oleada de masacres y desapariciones de finales de los años noventa. Allí emergió otro elemento clave: la estigmatización. Habitantes de barrios populares fueron señalados como supuestos colaboradores de la guerrilla, una etiqueta que, según denunciaron, terminó sirviendo como justificación para la violencia.

En medio de la audiencia, también hubo espacio para la conmemoración. El 27 de febrero en la noche, organizaciones de víctimas recordaron la masacre del 28 de febrero de 1999, cuando paramilitares asesinaron y desaparecieron a varias personas en la ciudad.

Fue un recordatorio de que este proceso no es solo judicial, sino profundamente humano: una lucha contra el olvido.

La JEP no parte de cero. El caso se apoya en un robusto acervo probatorio que incluye 60 informes de organizaciones de víctimas, 33 sentencias de Justicia y Paz, decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y miles de documentos extraídos de archivos oficiales de unidades militares.

Las voces escuchadas en Barrancabermeja ahora se suman a ese archivo como piezas clave para contrastar versiones, identificar patrones y establecer responsabilidades.

Con esta audiencia, la JEP cierra una etapa crucial del proceso dialógico en el Subcaso Magdalena Medio. El siguiente paso será la contrastación integral de todas las pruebas, con el objetivo de emitir el Auto de Determinación de Hechos y Conductas, una decisión que marcará el rumbo hacia la verdad judicial.

En términos sencillos: el expediente entra ahora en una fase donde las historias deberán convertirse en conclusiones, y las conclusiones, en responsabilidades, porque en Barrancabermeja no solo se habló del pasado. Se tejió, palabra a palabra, una exigencia clara: que la verdad no vuelva a quedarse en silencio.

¿Qué investiga exactamente el Caso 08?

Si el conflicto colombiano fuera una novela, el Caso 08 sería ese capítulo incómodo que muchos preferirían saltarse… pero que resulta clave para entender toda la historia pues en este punto se investiga la colaboración o connivencia entre miembros de la Fuerza Pública y grupos paramilitares.

Participación directa o indirecta de agentes estatales en crímenes del conflicto.

Redes criminales mixtas, donde actores legales e ilegales operaban como engranajes del mismo mecanismo.

Aquí no se trata de hechos aislados, sino de patrones de macrocriminalidad, es decir, conductas repetidas y sistemáticas que pudieron haber ocurrido en distintas regiones del país.

¿Por qué es tan importante?

Porque toca una fibra institucional delicada. Mientras otros casos de la JEP se enfocan en las guerrillas o en crímenes específicos como los “falsos positivos” (Caso 03), el Caso 08 pone bajo la lupa:

·         La responsabilidad del Estado o de sus agentes

·         La posible coordinación con estructuras paramilitares

·         Y el impacto de esas alianzas en la población civil

 Es, por decirlo sin rodeos, un caso que busca responder si hubo momentos en que el Estado combatía el conflicto… mientras algunos de sus integrantes jugaban en doble banda.

¿Qué hechos están relacionados?

Aunque la JEP aún avanza en la consolidación de este caso, se han vinculado investigaciones sobre:

·         Masacres atribuidas a paramilitares con presunta tolerancia o apoyo estatal

·         Operaciones conjuntas encubiertas

·         Omisiones deliberadas frente a crímenes

El Caso 08 dialoga con otros expedientes, como el Caso 03 (ejecuciones extrajudiciales), pero aquí el foco es distinto: la posible alianza estructural con el paramilitarismo.

¿Qué busca la JEP aquí?

Más allá de sanciones, el objetivo es:

·         Esclarecer la verdad completa

·         Identificar responsables máximos

·         Garantizar reparación a las víctimas

·         Evitar que estas alianzas vuelvan a repetirse