97 capturas en el Magdalena
Resumen
El Magdalena vive una crisis de seguridad alarmante con 340 homicidios registrados en el primer semestre de 2025, causada por disputas territoriales de grupos armados ilegales. Santa Marta, Ciénaga y Zona Bananera son los municipios más afectados.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El departamento del Magdalena enfrenta una de las peores crisis de seguridad en los últimos 15 años. Durante el primer semestre de 2025, se registraron 340 homicidios, según la Plataforma de Derechos Humanos y Alertas Tempranas (PDHAL Sierra Nevada), cifra que representa un promedio de casi dos asesinatos por día y la más alta desde 2010.
Este repunte de violencia está estrechamente relacionado con disputas territoriales entre grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, Los Pachencas, Los Primos, Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y Los Carperos, quienes mantienen una pugna por rutas del narcotráfico y el control de economías ilegales en el norte del departamento.
Municipios más afectados
Los municipios más afectados son Santa Marta (90 homicidios), Ciénaga (57), Zona Bananera (46), Fundación (33) y Aracataca (21), en donde se han reportado múltiples asesinatos ligados al accionar de estas estructuras.
El comandante de la Policía del Magdalena, coronel Javier Duarte, indicó que este año se han ejecutado 36 operaciones en 13 municipios, logrando la captura de 97 presuntos integrantes de estas bandas. “Estas personas, en esa lucha por el control territorial, han afectado en buena parte la zona norte del departamento, particularmente con el delito del homicidio”, aseguró.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que, pese a los resultados operativos, la situación se agrava. La plataforma PDHAL atribuye 203 homicidios al enfrentamiento entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras; 88 al conflicto con Los Primos y otros 10 a choques con Los Carperos.
Se registran otros delitos
Además, se reportan delitos conexos como extorsión, desapariciones forzadas, confinamientos, reclutamiento de menores y amenazas contra líderes sociales, docentes y campesinos.
Frente a este panorama, la Procuraduría General de la Nación declaró en marzo una “crisis de seguridad” en Santa Marta y otros municipios del norte del Magdalena, exigiendo acciones urgentes, mejoras en los centros de reclusión y el fortalecimiento de la capacidad investigativa.
La defensora Norma Vera Salazar advirtió que el problema no se soluciona solo con presencia policial. “Se necesitan más investigadores, tecnología, herramientas básicas. Hay funcionarios sin un computador. La seguridad no puede depender solo de operativos, sino de una inversión integral en justicia y prevención”, concluyó.
