A 20 años de prisión exrectora de Nuestra Señora del Rosario por facilitar explotación sexual de menores a paramilitares
Resumen
Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, exrectora del Colegio Nuestra Señora del Rosario, fue condenada a 20 años de prisión por complicidad en delitos del grupo paramilitar Cacique Guanentá, incluyendo explotación sexual y secuestro agravado de menores.
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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó la condena de 20 años de prisión efectiva contra Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, exrectora del Colegio Nuestra Señora del Rosario, ubicado en el corregimiento de Riachuelo (Charalá, Santander). La sentencia se dictó por delitos graves cometidos en el marco de la actuación del frente paramilitar Cacique Guanentá.
El fallo de segunda instancia, ratificado por la Sala Penal con ponencia del magistrado Guillermo Ángel Ramírez Espinosa, encontró a Gutiérrez de Moreno culpable de secuestro agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado. Tras la ratificación de la sentencia el 29 de septiembre de 2025, el Tribunal ordenó la inmediata captura de la exdirectiva para dar cumplimiento a la pena.
La decisión judicial, contenida en un documento de 136 páginas, establece que la exrectora mantuvo un vínculo directo y activo con los cabecillas del grupo armado ilegal, que operó en la región entre 2002 y 2006. Gutiérrez permitió que tanto su vivienda familiar como las instalaciones del plantel educativo fueran usadas como bases de operación.
Según se demostró en el proceso, la infraestructura fue utilizada por los miembros del Cacique Guanentá para alojar a sus hombres, realizar reuniones políticas y ejecutar actividades sociales. El fallo detalla que la residencia familiar era un “lugar abierto” para los integrantes del frente, donde se almacenaban víveres y se realizaban fiestas.
El aspecto más grave del fallo concierne a la explotación sexual sistemática de las estudiantes del colegio entre 2001 y 2003. La Fiscalía General de la Nación sustentó que Gutiérrez facilitó los abusos y secuestros, llegando a un nivel de complicidad que sorprendió a las autoridades.
Se probó que la mujer no solo permitió que sus alumnas fueran víctimas de vejámenes por parte de jefes paramilitares —identificados con alias como ‘Víctor’, ‘Carlos’, ‘Nariz’, ‘Chirrete’, ‘Silvestre’ y ‘Shuster’— sino que, además, habría “presentado y ofrecido a las jóvenes en bazares, reinados de belleza y otras celebraciones”.
Aún más condenatorio, la exrectora presuntamente prestó la oficina de la rectoría para que se consumaran las agresiones sexuales. La investigación identificó a varias víctimas, entre ellas Rosa Isabel Pinzón Niño y Nolba Rubiela Castro Cruz, quienes padecieron abusos sexuales, esclavitud y desplazamiento forzado, junto con otros jóvenes reclutados ilegalmente.
El Tribunal desestimó los argumentos de la defensa, que alegaba inconsistencias en los testimonios. El magistrado ponente concluyó que las pruebas documentales y testimoniales presentadas por la Fiscalía fueron contundentes, y que las acciones de Lucila Gutiérrez contribuyeron directamente al sostenimiento del grupo armado y a los crímenes cometidos contra las niñas y adolescentes bajo su custodia institucional.
