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A este alcalde la indiferencia con las víctimas le costó caro

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Resumen

La Procuraduría formuló cargos contra el alcalde de Calima el Darién, Alejandro Antonio Cadavid Pinilla, y el secretario de Gobierno, Carlos Alberto Téllez Delgado, por supuestamente incumplir la Ley 1448 de 2011, desatendiendo los derechos de las víctimas del conflicto armado.

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Procuraduría formuló cargos al alcalde de Calima el Darién por presuntamente desconocer derechos de las víctimas del conflicto.  La Entidad adujo que al parecer Alejandro Antonio Cadavid Pinilla y el secretario de Gobierno, Carlos Alberto Téllez Delgado, omitieron obligaciones con respecto al cumplimiento de la Ley 1448 de 2011.

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el alcalde de Calima el Darién, Alejandro Antonio Cadavid Pinilla (2024 – 2027), por presuntamente desconocer su deber de garantizar las condiciones para que las víctimas del conflicto armado ejerzan su derecho a la participación en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de la política pública.

La Provincial de Instrucción de Buga refirió que la coordinadora de la Mesa Municipal de Participación de Víctimas de Calima el Darién, denunció que el mandatario y el secretario de Gobierno, Carlos Alberto Téllez Delgado, no han cancelado desde enero de 2024 los incentivos correspondientes a reuniones de comités ejecutivos y plenarios de mesa.

Así mismo, el Ente de control investigará la supuesta falta de creación por parte de los disciplinables del decreto para fijar el valor de los incentivos por reuniones presenciales y virtuales; así como la posible falta de pago del subsidio de transporte al que tienen derecho y la disminución del valor de los incentivos y el presupuesto general para el trabajo que se realiza en la Mesa y estipulados en la Ley 1448 de 2011.

Con el desarrollo de esta etapa procesal y la solicitud de pruebas hecha por el Ministerio Público se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si los funcionarios actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

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