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Aún no se ha hecho justicia por el asesinato del joven Michelsen Vargas a manos del ESMAD

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Resumen

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La violencia y la inseguridad continúan marcando la vida de miles de ciudadanos en Santander. Aunque la influencia de grupos armados al margen de la ley no es tan evidente como en otras regiones del país, el sicariato y el microtráfico han generado un ambiente de miedo y desconfianza. En este contexto, el caso de Michelsen Vargas Velasco, ocurrido hace tres años, resalta como un ejemplo de impunidad y negligencia estatal según comentó Elbert Vargas Cubides, presidente y representante legal de la Asociación Futuro Mejor  en un escrito dirigido al Gobernador de Santander que fue compartido por este medio de comunicación.

En la vereda Puerta de los Cerros, municipio de Bolívar, Santander, Michelsen Vargas Velasco perdió la vida durante una protesta pacífica contra Ecopetrol CENIT. Lo que comenzó como una manifestación terminó en tragedia con la llegada del ESMAD, cuya respuesta desproporcionada incluyó disparos que aterraron a la comunidad. Michelsen recibió un impacto de un arma lanzagranadas en la cabeza y, a pesar de estar gravemente herido, fue esposado y trasladado sin recibir atención médica oportuna.

"Recientemente, el patrullero José Daniel Pérez Castro, señalado como responsable del disparo, enfrenta un juicio disciplinario. Sin embargo, la responsabilidad no puede recaer únicamente en un individuo, sino también en el sistema que permitió esta violación de derechos humanos. Desde entonces, treinta cartas enviadas a distintas instituciones, incluyendo la Gobernación y la Procuraduría, han quedado sin respuesta, reflejando un silencio administrativo que perpetúa la injusticia". Menciona Elbert en su carta.

Además, este llamado a la acción está siendo plasmado en el libro Colombia grita justicia al mundo, un esfuerzo por visibilizar las tragedias que enfrentan las comunidades vulnerables y exigir políticas públicas efectivas. Entre las medidas propuestas están el fortalecimiento de la coordinación entre las autoridades locales y nacionales, la inversión en programas de prevención de la violencia y el resarcimiento para las víctimas y sus familias. La ciudadanía exige no solo explicaciones, sino acciones contundentes que garanticen la seguridad y justicia en Santander.

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