Abelardo de la Espriella defiende propuesta de tener como sede alterna de gobierno a Barranquilla. ¿Le suena la idea?

La decisión del presidente electo, Abelardo De la Espriella, de impulsar una reforma constitucional para convertir a Barranquilla en sede alterna del Gobierno Nacional ya comenzó a generar un intenso debate político, administrativo y económico en el país.

Mientras sus defensores consideran que se trata de una oportunidad histórica para romper con el tradicional centralismo bogotano y acercar el Estado a las regiones, sus críticos advierten que la iniciativa podría traducirse en mayores costos para el erario y abrir una discusión sobre la conveniencia de modificar la organización institucional del país.

Durante un encuentro regional realizado en Montería, el mandatario electo confirmó que una de las primeras iniciativas que presentará al Congreso será un acto legislativo para reconocer oficialmente a Barranquilla como capital alterna de Colombia, dentro de un modelo de gobierno que, según explicó, tendrá una presencia permanente en las regiones.

"Se acabó el olvido, se acabó la desidia y se acabó el abandono centralista", afirmó De la Espriella al reiterar que su administración no estará concentrada exclusivamente en Bogotá y que buena parte de las decisiones estratégicas del Ejecutivo se tomarán desde distintas ciudades del país.

La propuesta también contempla que Medellín y Cali funcionen como sedes alternas para diferentes actividades del Gobierno Nacional, con el propósito de fortalecer la presencia institucional en diversas regiones y reducir la concentración administrativa en la capital.

Acercar el Estado a las regiones

Quienes respaldan la iniciativa consideran que Colombia ha mantenido durante décadas un esquema excesivamente centralizado, donde buena parte de las decisiones políticas, administrativas y presupuestales se toman desde Bogotá, mientras numerosos departamentos enfrentan dificultades para hacer visibles sus necesidades ante el Gobierno Nacional.

Desde esa perspectiva, establecer una sede alterna en Barranquilla representaría un mensaje político de descentralización y podría facilitar una mayor interlocución entre el Ejecutivo y las autoridades locales del Caribe colombiano, una región que concentra cerca de una cuarta parte de la población nacional y posee algunos de los principales puertos sobre el mar Caribe.

Los defensores del proyecto también sostienen que gobernar desde diferentes ciudades permitiría al presidente mantener un contacto permanente con empresarios, gobernadores, alcaldes y comunidades, reduciendo los tiempos de respuesta frente a problemáticas regionales y fortaleciendo la presencia institucional del Estado.

En el plano económico, Barranquilla ofrece condiciones favorables para albergar parte de la actividad gubernamental. En los últimos años la ciudad ha consolidado indicadores destacados en materia de infraestructura urbana, conectividad aérea, logística portuaria y atracción de inversión nacional e internacional, convirtiéndose en uno de los principales polos de desarrollo del país.

Para algunos analistas, la propuesta también podría impulsar nuevas inversiones públicas y privadas, dinamizar sectores como el turismo corporativo, la hotelería, los servicios especializados y fortalecer el posicionamiento internacional de Barranquilla como centro político y económico del Caribe.

La iniciativa tiene además un componente simbólico. De la Espriella recordó que hace aproximadamente 140 años Colombia no tenía un presidente nacido en la región Caribe y aseguró que su administración buscará reivindicar el papel histórico de las regiones en la construcción del Estado colombiano.

Los cuestionamientos: ¿más burocracia y mayores costos?

Sin embargo, la propuesta también ha despertado importantes reparos. El primero tiene un carácter constitucional. Actualmente el artículo 322 de la Constitución establece que Bogotá es la capital de la República, por lo que convertir oficialmente a Barranquilla en capital alterna requerirá una reforma constitucional mediante acto legislativo, un trámite que exige ocho debates en dos periodos legislativos consecutivos y mayorías calificadas en el Congreso.

Este procedimiento representa uno de los principales desafíos políticos para el nuevo Gobierno, que deberá construir consensos suficientes para sacar adelante una reforma que modifica la estructura institucional del Estado.

Mantener una sede permanente del Ejecutivo fuera de Bogotá implicaría adecuar instalaciones oficiales, garantizar seguridad presidencial, infraestructura tecnológica, logística institucional, transporte permanente de funcionarios, alojamiento de equipos de trabajo y coordinación entre distintas dependencias del Gobierno Nacional.

Especialistas en administración pública advierten que operar varias sedes gubernamentales simultáneamente podría incrementar significativamente los gastos de funcionamiento del Estado si no se implementa un modelo eficiente de distribución de competencias.

También surgen interrogantes sobre la posible duplicidad de funciones administrativas y la coordinación entre ministerios que tradicionalmente operan desde Bogotá, donde se concentra buena parte de las entidades nacionales, las altas cortes, el Congreso de la República y los principales organismos de control.

Otro de los cuestionamientos apunta a que la descentralización no necesariamente depende del lugar desde donde despache el Presidente, sino de reformas más profundas relacionadas con la autonomía territorial, la distribución de recursos y el fortalecimiento de las capacidades administrativas de departamentos y municipios.

Aunque la propuesta tiene un evidente componente administrativo, también representa una apuesta política del presidente electo.

Durante su intervención, De la Espriella afirmó que no repetirá el modelo centralista que históricamente caracterizó al país y marcó distancia frente al legado institucional impulsado por el expresidente Rafael Núñez, uno de los arquitectos de la Constitución de 1886. "Yo no voy a cometer el error de Núñez. No voy a defender el centralismo", manifestó.

Mientras avanza el trámite constitucional, el mandatario sí podrá instalar despachos presidenciales y realizar consejos de gobierno desde Barranquilla mediante decisiones administrativas, sin necesidad de modificar la Carta Política.

De hecho, autoridades del Atlántico han confirmado que ya se estudian espacios como el Batallón Paraíso y el histórico Edificio de la Aduana para albergar dependencias del Ejecutivo.