El proceso de chatarrización de los 1.475 vehículos había sido concebido como una medida para descongestionar los patios de la Dirección de Tránsito y reducir el riesgo de que automotores en estado de abandono terminaran siendo usados en la comisión de delitos, como el tráfico ilegal de autopartes. La falta de control en la ejecución del contrato pone en entredicho la efectividad de estas medidas y revive el debate sobre la transparencia en la gestión de los bienes en abandono que administra la autoridad de tránsito en Bucaramanga.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de un pliego de cargos en contra de Édgar Mauricio Valbuena Gómez, exprofesional especializado y supervisor de un contrato adscrito a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB), por presuntas irregularidades en la ejecución de un proceso de chatarrización de 1.475 vehículos que habían sido declarados en abandono y posteriormente adquiridos mediante subasta.

Según el Ministerio Público, Valbuena habría incurrido en omisiones graves que comprometieron la transparencia y correcta ejecución del contrato.

De acuerdo con la investigación, el funcionario no informó los incumplimientos contractuales y, por el contrario, elaboró un informe en el que aseguró que solamente restaba por ejecutar un 10 % de las obligaciones, específicamente la entrega de los certificados de desintegración de los automotores.

Sin embargo, la Procuraduría sostiene que dicho reporte no reflejaba la realidad, pues varias de las obligaciones principales aún estaban pendientes de cumplimiento.

La entidad recordó que el contrato establecía una serie de responsabilidades claras para el contratista ganador de la subasta:

·         Pagar el valor ofrecido por los vehículos en el proceso de enajenación.

·         Transportar los automotores hasta los lugares donde se realizaría la desintegración.

·         Ejecutar el proceso de chatarrización conforme a las normas vigentes.

·         Expedir y entregar los certificados de desintegración física total a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

·         Garantizar que los automotores y sus partes no fueran reutilizados posteriormente en actividades ilícitas o ilegales.

El incumplimiento de estas obligaciones, advierte la Procuraduría, no fue debidamente reportado por el supervisor del contrato, lo que habría facilitado un manejo irregular de los bienes.

Con base en las pruebas recaudadas, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga calificó de manera provisional la conducta de Valbuena Gómez como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

Esto significa que, de confirmarse su responsabilidad disciplinaria, el exfuncionario podría enfrentar sanciones que van desde la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos hasta otras medidas contempladas en el régimen disciplinario.