Resumen
La Contraloría General de Colombia pide revisar y actualizar las reglas fiscales de entidades territoriales por su rigidez, que limita el gasto público necesario. Este análisis surge en el contexto de la discusión sobre un nuevo modelo de descentralización y financiación en Colombia.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Contraloría General de la República realizó un estudio sobre la evolución y los resultados de las principales reglas fiscales vigentes para las entidades territoriales (departamentos y municipios), en el cual se concluyó que es necesario evaluar la posible reestructuración de la denominada Ley de Semáforos (Ley 358 de 1997) y la Ley de Categorización Territorial (Ley 617 de 2000).
Las reglas fiscales territoriales fueron adoptadas a finales de los años 90 para enfrentar el sobreendeudamiento de las entidades territoriales. El estudio concluye que, aunque estas reglas han sido efectivas para contener los problemas de sostenibilidad de la deuda territorial y el excesivo crecimiento de los gastos de funcionamiento, su rigidez actual limita la capacidad de departamentos y municipios para realizar el gasto público necesario en sus regiones.
Por lo tanto, el ente de control considera de suma importancia revisar y actualizar estas reglas fiscales, en el contexto de la discusión actual sobre un nuevo modelo de descentralización y su financiación en Colombia
Leyes analizadas por la Contraloría
La Ley 358 de 1997, conocida como la “Ley de Semáforos”, estableció que la deuda territorial no podría exceder la capacidad de pago de las entidades, definida como el flujo de ahorro operacional suficiente para cubrir anualmente el servicio de la deuda y dejar un remanente para financiar inversiones. Esta ley impuso la “Regla de Oro”, que exige que los nuevos créditos se destinen exclusivamente a financiar gastos de inversión, evitando así que los gastos corrientes se financien mediante endeudamiento.
Por otro lado, la Ley 617 de 2000 restringió los gastos de funcionamiento territoriales, estableciendo límites según un sistema de categorización departamental y municipal.
Problemas de las reglas fiscales territoriales
A pesar de la efectividad de las reglas fiscales, la Contraloría General considera que estas normas han generado efectos indeseables que deben y pueden ser corregidos con una fórmula adaptada a las realidades fiscales y financieras actuales de las entidades territoriales.
La estipulación de reglas rígidas y universales, como la Ley 358 de 1997, sin cláusulas de escape, impide a las entidades territoriales enfrentar eventos adversos repentinos y acometer las inversiones necesarias para su desarrollo socioeconómico, especialmente ante la imposibilidad de acudir al crédito. Esto se evidenció claramente durante la pandemia del COVID-19.
“No cabe duda de que la regla fiscal de contención del endeudamiento territorial necesita ser modificada para hacerla más flexible y menos exigente, de modo que los gobernantes territoriales puedan utilizar los recursos del crédito para financiar inversiones productivas que beneficien tanto a la generación actual como a las futuras, compartiendo el costo entre ambas” sostiene el estudio de la CGR.
Contabilidad creativa e incremento de los contratos de prestación de servicios
El estudio sobre las reglas fiscales territoriales destaca la posibilidad de que la Ley 617 de 2000 haya inducido a procesos de contabilidad creativa que permitieron cumplir con el mandato legal de manera artificial.
La Contraloría General encontró que los gastos de personal, realizados mediante contratos de prestación de servicios, se registran como gastos de inversión. Este artificio contable permite disminuir los gastos de funcionamiento mientras se aumentan los de inversión.
El análisis subraya que, aunque existen razones para registrar los contratos de prestación de servicios como funcionamiento o inversión, es necesario un debate profundo que promueva la formalización del empleo, no solo en los territorios sino en todo el Estado colombiano. “Si el Estado colombiano no es capaz de ceñirse a las normas laborales para contratar a los trabajadores conforme a la ley, no tendrá la autoridad moral para exigirlo al sector privado”, advierte el organismo de control.
La CGR destaca la necesidad, en el marco de la revisión actual del modelo de descentralización en Colombia, de discutir la formulación y adopción de una nueva generación de reglas fiscales que se adapten a las nuevas realidades y desafíos de los territorios. En su momento, la prioridad era controlar los altos niveles de endeudamiento y sus efectos desestabilizadores. Ahora, el objetivo es fortalecer fiscal, financiera e institucionalmente a las entidades territoriales, para que puedan proveer de manera efectiva bienes y servicios públicos y tengan la autonomía necesaria para decidir sobre sus asuntos más apremiantes y cercanos.
