Mientras desde la Asamblea de Santander crecen los cuestionamientos por el incremento del 25,2 % en las tarifas de acueducto y alcantarillado, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) defendió la medida y aseguró que el ajuste responde a una obligación regulatoria establecida por el Gobierno Nacional.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El gerente general de la entidad, Juan Carlos Suárez, explicó que la actualización tarifaria se deriva de la Resolución CRA 1032 de 2026, expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, norma que modificó la metodología para el cobro de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en los grandes prestadores del país.

“No es una decisión de la gerencia, de la administración del Acueducto ni de las autoridades locales; es una disposición del Gobierno Nacional aplicable a todos los operadores del servicio”, afirmó el directivo.

Según la empresa, el principal objetivo del nuevo marco tarifario es corregir un desfase financiero acumulado durante años. De acuerdo con Suárez, el AMB ejecutó inversiones cercanas a los 380.000 millones de pesos en obras de infraestructura, de las cuales apenas unos 110.000 millones habían sido reconocidos a través de las tarifas vigentes.

“Solo se había recuperado cerca del 30 % de las inversiones realizadas. Con este ajuste buscamos cerrar esa brecha y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema”, explicó.

La entidad indicó que, aunque la factura promedio aumentará un 25,2 %, el incremento no se aplicará de manera inmediata. La junta directiva aprobó un esquema de transición gradual que comenzará a reflejarse en las facturas de septiembre de 2026 y se extenderá hasta febrero de 2027 para reducir el impacto sobre los usuarios.

De acuerdo con las proyecciones del Acueducto, un hogar promedio de estrato tres tendría un aumento inicial cercano a los 8.600 pesos en septiembre y posteriormente ajustes mensuales progresivos hasta alcanzar un incremento acumulado aproximado de 13.255 pesos al finalizar el periodo de transición.

La empresa también explicó que no todos los componentes de la tarifa aumentarán. Mientras el cargo fijo de administración registrará una reducción cercana al 22,6 %, el mayor ajuste se concentrará en el cargo por consumo, impulsado por el reconocimiento de inversiones, el aumento de los costos operativos, la energía eléctrica, los insumos químicos y otros factores regulados.

Según los cálculos del amb, el nuevo esquema permitiría recaudar alrededor de 140.000 millones de pesos adicionales cada año. Sin embargo, la entidad sostiene que ni siquiera con esos recursos se recuperará completamente la totalidad de las inversiones realizadas durante la próxima década.