Admiten acción popular para cerrar establecimientos nocturnos en zona residencial de Piedecuesta

El Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Bucaramanga admitió una acción popular que busca el cierre definitivo de varios establecimientos nocturnos que operan en una zona residencial del municipio de Piedecuesta, específicamente en el sector conocido como la Paralela La Rioja. La medida responde a reiteradas quejas de la comunidad por afectaciones a la convivencia y al descanso.

La demanda fue interpuesta por la copropiedad del sector, a través del abogado Carlos Fernando Acevedo, quien explicó que desde hace años los residentes han denunciado el funcionamiento irregular de estos locales. Según indicó, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio solo permite en esa zona actividades comerciales de bajo impacto, lo que excluiría bares y discotecas.

No obstante, varios establecimientos ubicados sobre la paralela de la autopista habrían sido transformados en sitios de rumba que operan hasta altas horas de la noche. Esta situación ha generado molestias constantes por el alto volumen de la música, así como vibraciones en viviendas cercanas, algunas de las cuales comparten estructura con los locales, afectando especialmente a niños y adultos mayores.

El abogado señaló que antes de recurrir a la acción popular se intentaron otros mecanismos legales. Una acción de tutela presentada anteriormente permitió que un juez reconociera la vulneración de derechos fundamentales de un menor de edad, y sugiriera la acción popular como vía adecuada para abordar el problema de manera colectiva.

De acuerdo con el proceso, se busca que se declare la vulneración de derechos como el descanso, la salud y la tranquilidad, y que se ordene el cierre definitivo de al menos 15 establecimientos que, según los demandantes, operan en contravía de la normativa urbanística vigente.

Con la admisión de la demanda, el caso entra en una nueva etapa judicial en la que los establecimientos deberán demostrar el cumplimiento de las normas de uso del suelo y regulación ambiental. En caso contrario, podrían enfrentar sanciones administrativas e incluso el cierre definitivo.

Finalmente, la acción también pretende que entidades como la Alcaldía, la Policía y autoridades ambientales intervengan para verificar la legalidad de estos negocios. La comunidad, por su parte, espera que el proceso permita restablecer el equilibrio entre la actividad comercial y el derecho a vivir en un entorno tranquilo y seguro.