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Advierten presuntas irregularidades en licitación para contratar modelo de salud para los reclusos

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Resumen

La Procuraduría General de la Nación solicitó a Fiduprevisora suspender la contratación de servicios de salud para población reclusa y menores convivientes. Esto se debe a preocupaciones sobre el corto plazo para presentar ofertas y la posible lesión a los principios de contratación pública.

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La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Fiduprevisora suspender los trámites de contratación para la prestación de servicios de salud a la población privada de la libertad (PPL) y menores de tres años que convivan con sus madres al interior de establecimientos de reclusión del orden nacional (ERON).

El Ministerio Público acotó que en la actualidad la necesidad se encuentra cubierta por los recursos que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) destina del Fondo Nacional de Salud de las PPL, que a su vez gira a la Fiduprevisora.

La Procuraduría General de la Nación encontró que una vez publicados los términos de referencia definitivos, los interesados contaban unicamente con 2 días para presentar sus ofertas. Siendo un proceso de más de 170 mil millones de pesos, preocupa al Ministerio Público que dicho cronograma pueda lesionar los principios de la contratación pública.

En el mismo sentido, Marcio Melgosa, procurador delegado primero para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, pidió a la vicepresidenta de negocios fiduciarios de la Previsora S.A., María Fernanda Jaramillo Gutiérrez, ampliar el término para la manifestación de interés y entrega de propuestas de los eventuales oferentes, con el fin de garantizar la libre concurrencia y pluralidad.

El ente de control resaltó que se le debe permitir adelantar un análisis riguroso de la información que fue requerida, y aclaró que si la misma goza del privilegio de reserva se debe notificar y justificar dicha condición.

Finalmente, la Procuraduría advirtió que una vez realice el estudio de la documentación e información solicitada se determinará la viabilidad de efectuar una vigilancia preventiva de carácter contractual sobre la invitación pública.

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