La tensión entre las autoridades locales de Santander y el Gobierno Nacional volvió a escalar por el futuro del complejo de páramos Jurisdicciones, Santurbán y Berlín. Los alcaldes de los municipios de California, Vetas, Suratá, Matanza, Tona y Charta elevaron una enérgica protesta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al considerar que la entidad pretende adoptar decisiones trascendentales sobre el territorio sin haber consultado ni socializado previamente sus alcances con las administraciones municipales ni con las comunidades directamente afectadas.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

En una carta dirigida a la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, y con copia a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, los mandatarios cuestionaron que, después de 16 meses de vigencia de la Zona de Reserva Temporal creada mediante la Resolución 0221 de 2025, el Gobierno Nacional no haya instalado un solo escenario permanente de coordinación, pese a que esa obligación quedó consignada en el mismo acto administrativo que dio origen a la medida.

La preocupación de los alcaldes se intensificó tras conocer que el Ministerio prepara la expedición de tres nuevas resoluciones relacionadas con Santurbán: una para prorrogar la Zona de Reserva Temporal, otra para declarar una reserva definitiva sobre parte del municipio de California y una tercera para delimitar parcialmente el Complejo de Páramos Jurisdicciones, Santurbán y Berlín.

Según los mandatarios, estas iniciativas podrían transformar de manera significativa el ordenamiento ambiental, económico y social de la provincia de Soto Norte, sin que hasta el momento exista un proceso de concertación con quienes administran el territorio ni con las cerca de 25.000 personas que habitan estos municipios.

"Lo que más nos preocupa es que el Ministerio de Ambiente está avanzando en tres decisiones que van a definir el futuro de Soto Norte sin haberlas discutido con los municipios ni con las comunidades que serán las directamente afectadas. El futuro de más de 20 mil familias rurales no puede decidirse desde un escritorio en Bogotá, sin escuchar a quienes vivimos aquí, administramos estos municipios y conocemos la realidad social, económica y ambiental de la provincia", afirmó Jesús Santiago Gutiérrez, alcalde del municipio de Tona.

Uno de los principales argumentos de los alcaldes es que el Ministerio no habría cumplido con las obligaciones que él mismo estableció al expedir la Resolución 0221 de 2025.

En el documento enviado al Gobierno Nacional sostienen que la reserva temporal fue concebida como una herramienta transitoria para desarrollar estudios ambientales, sociales, técnicos e hidrológicos que permitieran adoptar decisiones con bases científicas y mediante procesos participativos.

Sin embargo, aseguran que esos estudios no se han culminado, las mesas de coordinación nunca fueron instaladas y, aun así, el Ministerio estaría avanzando hacia medidas de carácter definitivo.

Los mandatarios consideran que esta situación desconoce principios constitucionales como la coordinación, la concurrencia, la colaboración armónica entre los distintos niveles del Estado y el respeto por las competencias de las entidades territoriales.

Temor por el impacto económico y social

Más allá del componente ambiental, los alcaldes advierten que las nuevas resoluciones podrían generar profundas repercusiones sobre la economía regional. Entre los aspectos que consideran comprometidos se encuentran la planeación territorial, la infraestructura, la prestación de servicios públicos, la gestión del recurso hídrico, la actividad agropecuaria, la minería tradicional, las finanzas municipales y el desarrollo económico de toda la provincia de Soto Norte.

A juicio de las administraciones municipales, cualquier modificación sobre el régimen ambiental de Santurbán tendrá efectos directos sobre miles de familias campesinas que dependen de las actividades productivas desarrolladas históricamente en la región.

Por ello, insisten en que decisiones de semejante alcance no pueden adoptarse sin escuchar previamente a quienes deberán asumir sus consecuencias.

Como alternativa, los seis mandatarios solicitaron al Ministerio de Ambiente expedir un acto administrativo que cree una Mesa Permanente de Coordinación Interinstitucional antes de adoptar cualquier decisión definitiva sobre Santurbán.

La propuesta contempla la participación del Ministerio de Ambiente, la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga, las alcaldías de California, Vetas, Suratá, Matanza, Tona y Charta, así como la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

El objetivo sería coordinar los estudios técnicos previstos en la Resolución 0221 de 2025, unificar la información científica disponible, analizar conjuntamente sus resultados y evaluar los posibles impactos sobre el territorio antes de expedir nuevos actos administrativos.

Asimismo, los alcaldes plantean que exista un cronograma público de funcionamiento de la mesa y que las entidades territoriales tengan acceso previo a los estudios técnicos, puedan formular observaciones y reciban respuestas sustentadas antes de que el Ministerio adopte decisiones definitivas.

Los mandatarios aclararon que su iniciativa no pretende obstaculizar la protección ambiental ni impedir que el Estado ejerza sus competencias sobre el páramo de Santurbán. Por el contrario, sostienen que buscan garantizar que cualquier decisión se adopte con criterios técnicos, transparencia institucional y participación efectiva de quienes administran los municipios y representan a las comunidades que históricamente han habitado este territorio estratégico para Santander.