Resumen
La alcaldesa de Vetas, Angélica María García Rodríguez, denunció reuniones privadas entre la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, y activistas para definir el futuro del Páramo de Santurbán, sin la participación de los actores locales.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Angélica María García Rodríguez, alcaldesa de Vetas, denunció que, en Bogotá, se han estado realizando reuniones a puerta cerrada entre la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, y activistas, para definir el futuro del Páramo de Santurbán. Durante estos encuentros no se han invitado, ni informado, a los mandatarios locales de los municipios de la jurisdicción, tampoco a los líderes y lideresas sociales y políticos, quienes representan los intereses de las comunidades que allí habitan y por años han exigido que se defina la delimitación.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
La comunidad de Vetas, en representación de su alcaldesa Angélica María García Rodríguez, ha expresado un rotundo rechazo a las reuniones, como la llevada a cabo el pasado 14 de agosto de 2024, en la ciudad de Bogotá, presidida por la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, y a la que solo asistieron activistas, ambientalistas y miembros del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán.
Esta no es la primera vez que se denuncia este tipo de actuaciones, que causan un intenso malestar entre los vetanos y, en general, en los habitantes de la Provincia de Soto Norte, porque como lo han expresado en repetidas ocasiones, estos activistas, ambientalistas y miembros del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán no representan sus verdaderos intereses; por el contrario, lo que han logrado con el paso del tiempo es una estigmatización de la población minera, un rechazo total a ser escuchados por el Gobierno Nacional y ralentizar el proceso de delimitación del Páramo.
García Rodríguez aseguró que los participantes de la mencionada reunión se identificaron como “campesinos” del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán, lo cual es falso. “Ellos no representan a los verdaderos campesinos de Vetas. Esas personas son residentes de la ciudad de Bucaramanga y han llevado a cabo una campaña sistemática contra la minería y los habitantes de la región”.
Por otra parte, la alcaldesa subrayó que los intereses y decisiones que afectan al municipio de Vetas deben ser gestionados exclusivamente por sus propios habitantes y autoridades, sin interferencias externas.
En este sentido, criticó la falta de transparencia de las reuniones realizadas sin la participación de las autoridades locales y sin escuchar la voz de la comunidad. Definir el futuro de una población de más de 35.000 habitantes en una reunión a puerta cerrada y sin escuchar los puntos de vista de la comunidad directamente involucrada viola los derechos a la participación ciudadana,reconocido en la Sentencia T-361 de 2017.
Además reconoció que la desconfianza hacia el Gobierno Nacional, especialmente hacia el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se ha profundizado debido a la realización de este tipo de encuentros “secretos”, ya que son acciones que desvanecen la poca confianza que aún queda en las instituciones oficial; incluso, se torna aún más preocupante la situación, si se tiene en cuenta que la misma jefe de la cartera ambiental ha señalado que los acuerdos de delimitación deberán ser concertados con habitantes de Bucaramanga y su área metropolitana, quienes terminan siendo representados usurpadamente por el Comité, un grupo que ha estigmatizado, atacado y violentado a la comunidad, pero que también ha perdido su credibilidad por terminar convertido en una plataforma politiquera.
No es la primera vez
Las fricciones entre la jefa de la cartera ambiental y las comunidades santandereanas de la Provincia de Soto han sido frecuentes en las últimas semanas. Durante la última reunión realizada en el municipio de California los habitantes de la región protestaron con pancartas, arengas, chiflidos y protestas, en rechazo al anuncio que declarará una zona de reserva temporal de recursos naturales en toda la provincia, haciendo uso del Decreto 044, lo que afectaría las actividades económicas de las que dependen más de 15 mil paramunos.
Según explicó Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo de Soto Norte (Consotonorte), esta declaratoria condena a la ilegalidad a centenares de familias y mineros tradicionales que por años han intentado formalizarse para ejercer su actividad legal y responsablemente. “No vamos a permitir que nos impongan una zona de reserva temporal en Soto Norte sin consultarlo con la comunidad, y solo para que la Ministra cumpla un acuerdo político con los grupos ambientalistas de Bucaramanga que no nos representan. Esta medida desconoce la realidad de nuestro territorio, se hace sin la participación y aval de la Procuraduría o la Gobernación de Santander, y nos está condenando a la ilegalidad”, indicó Maldonado.
Por su parte, Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Vetas, expresó su profunda preocupación por esta medida inconsulta, que pasa por encima de los acuerdos entre la comunidad y el propio Gobierno alcanzados durante los últimos 2 años en las mesas de delimitación del páramo de Santurbán, y que según esta líder social estaría violando varios derechos fundamentales.
Atropellos a las comunidades
“La resolución del Gobierno Nacional sepulta nuestra economía y condena a la miseria a más de 9.000 personas que habitamos en Vetas, California, Suratá y Matanza. Ya no solo estamos sometidos a la desidia del Estado que nos ha impedido formalizarnos, sino que nos quieren violar nuestro derecho a la participación ciudadana, el derecho al mínimo vital y al trabajo, el derecho a la igualdad y el derecho a la identidad cultural de los mineros tradicionales. De un plumazo acaban con 400 años de minería tradicional”, afirmó González.
En el mismo sentido, Daniel Maldonado, representante de la Asociación de Mineros Tradicionales de Suratá, rechazó la persecución sistemática a la minería en su territorio y las consecuencias de decisiones arbitrarias, que no tienen fines de protección ambiental y carecen de sustento técnico.
“En este Gobierno hablan del Acuerdo de Escazú, pero vulnera nuestra participación y deja en evidencia su desprecio por los procesos de concertación. Queremos dejarle claro a Santander y al país que nosotros no hacemos minería dentro del Páramo, que sabemos que eso no lo permite la Ley, pero no por eso nos pueden obligar a dejar de ser mineros. Somos mineros, y no queremos dejar de serlo. Todo esto es una estrategia para desacatar las sentencias de la Corte Constitucional para extender la delimitación del Páramo hasta Bucaramanga, y así acabar con la minería en nuestro territorio”, afirmó el líder de los pequeños mineros.
Los líderes sociales de Soto Norte denunciaron también que el Ministerio de Ambiente hizo una convocatoria engañosa, utilizando logos del proceso de delimitación para una discusión diferente, y sin la presencia de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. “Es absurdo que para un tema que afecta a 30 mil paramunos, el Ministerio de Ambiente quiera que solo hablen 2 personas por municipio, y elegidas por ellos mismos. Esto vulnera todos los derechos”, denunció Ivonne González.
Ante el inminente anuncio del Ministerio de Ambiente, los líderes sociales, mineros de pequeña escala, y paramunos en general, anunciaron que realizarán movilizaciones y acciones jurídicas para impedir que se vulneren los derechos de estas poblaciones con una declaratoria de reserva temporal inconsulta y arbitraria.
