Alcaldía se prepara para aplicar restricciones a motociclistas

Con el inicio del año 2025, la movilidad en Bucaramanga enfrentó un nuevo capítulo legal y técnico. Ahora, la Dirección de Tránsito de la ciudad se encuentra desarrollando un estudio detallado con el fin de cumplir con un fallo del Juzgado 15 Administrativo, el cual ordena aplicar restricciones a la circulación de motocicletas como parte de una estrategia judicial para frenar el transporte ilegal, especialmente el conocido ‘mototaxismo’, que ha proliferado en sectores críticos del municipio y el área metropolitana.

Esta medida surge tras un proceso por desacato que llevó al juez a exigir a las autoridades locales una acción inmediata y contundente. En el auto emitido, se ordena específicamente tres restricciones: la prohibición del parrillero hombre mayor de edad en ciertas zonas de la ciudad, la exigencia de que el conductor sea el propietario del vehículo registrado, y la restricción de circulación de motocicletas en sectores determinados de Bucaramanga. Estas disposiciones deberán ser implementadas a partir del 3 de julio de 2025, y su incumplimiento acarreará sanciones conforme al artículo 41 de la Ley 472 de 1998.

El director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Andrés Manrique, dejó en claro que esta no es una iniciativa de la administración, sino una obligación legal que deben acatar con criterios técnicos. “Estamos trabajando en la construcción de un modelo que permita cumplir el fallo, sin afectar de manera injusta la movilidad de los ciudadanos que usan su motocicleta de forma legítima”, señaló Manrique. Para ello, un equipo de 17 profesionales adelanta aforos vehiculares y estudios de movilidad en los principales corredores viales de la ciudad.

Restricción al parrillero: entre la seguridad y la polémica

Uno de los puntos más controversiales del fallo judicial es la restricción al acompañante hombre mayor de 18 años en motocicleta, medida que ha sido rechazada por distintos sectores de motociclistas que aseguran verse injustamente señalados. Sin embargo, la disposición busca frenar el fenómeno del mototaxismo, que ha sido identificado como uno de los principales canales del transporte informal y también como una fuente de inseguridad en la ciudad.

Esta no es una medida exclusiva para Bucaramanga. El Juzgado 15 también ha requerido a los alcaldes de Floridablanca, Girón y Piedecuesta, así como a sus secretarías y direcciones de tránsito, para que adopten la misma restricción de forma articulada en todo el área metropolitana. El objetivo, según el fallo, es combatir de forma coordinada la piratería en el transporte urbano. De hecho, el fallo fue enfático en que las restricciones deben establecerse en horarios mínimos de 10 horas, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m., en zonas previamente identificadas como focos de actividad ilegal o de alto riesgo.

En su momento,la Dirección de Tránsito de Bucaramanga solicitó una prórroga de un mes al juzgado para concluir el estudio técnico, con plazo hasta el 3 de junio, antes de presentar la propuesta definitiva de implementación. Entre las zonas críticas que ya han sido identificadas figura la carrera 33, un sector con terminales informales que concentra una alta actividad de transporte ilegal. En estos puntos, se estudia aplicar restricciones en horas pico, lo que permitiría descongestionar el área sin afectar vías alternas importantes.

Una medida judicial que sacude la movilidad metropolitana

La justicia ha sido tajante: si las alcaldías del área metropolitana no cumplen con la entrega del estudio técnico ni adoptan los actos administrativos correspondientes antes de este próximo viernes 30 de mayo de 2025, se procederá con la aplicación generalizada de las restricciones. Esto incluiría la prohibición del parrillero hombre en toda la jurisdicción, desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., a partir del 3 de julio.

Este ultimátum ha generado una carrera contrarreloj para las autoridades locales, quienes deben no solo diseñar técnicamente la implementación de la medida, sino también socializarla con la ciudadanía. La Dirección de Tránsito ha reiterado su compromiso con el orden vial, la legalidad y el bienestar general. “El espíritu de esta orden judicial no es castigar al motociclista, sino frenar una práctica ilegal que pone en riesgo la vida de todos, incluyendo a quienes sí cumplen las normas”, dijo el director Manrique.

En paralelo, los motociclistas y asociaciones civiles han expresado su inconformidad. Algunos argumentan que, aunque ejercen un trabajo informal, el mototaxismo representa su único medio de subsistencia. “Nosotros no robamos, trabajamos para mantener a nuestras familias. ¿Qué vamos a hacer si nos quitan la posibilidad de ganarnos la vida?”, señaló uno de los líderes del gremio informal que prefirió mantener el anonimato.

Este choque de realidades plantea un dilema: ¿cómo balancear el cumplimiento de una orden judicial con las necesidades económicas de miles de ciudadanos? Las autoridades están apostando por una implementación gradual, acompañada de pedagogía y controles diferenciados. “Queremos que las restricciones apunten al problema real: los focos de ilegalidad. No se trata de castigar por castigar”, insistió Manrique.

De fondo, esta controversia se inscribe en una discusión más amplia sobre el modelo de movilidad en Bucaramanga y su área metropolitana. Mientras el gobierno nacional sigue impulsando alternativas como el tranvía para descongestionar el transporte urbano, los municipios aún dependen en gran medida de este tipo de medios como la motocicleta.

La ciudadanía, por su parte, sigue a la expectativa. Aunque una parte importante apoya las medidas como forma de reducir la inseguridad, también existe preocupación por los posibles efectos en la movilidad cotidiana y el sustento de sectores vulnerables. De momento, el proceso sigue en curso, y será clave observar cómo avanza la implementación técnica, legal y social de estas restricciones, que desde ya marcan un antes y un después en la historia de la movilidad en Bucaramanga.