Alejandro Lyons Muskus exgobernador de Córdoba fue recluido en La Picota tras su deportación
Resumen
Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, está ahora en La Picota tras su deportación. Fue condenado en 2018 por liderar una red de corrupción que desvió 9.000 millones de pesos. Lyons fue testigo clave en el caso del cartel de la toga, colaborando con el FBI y la DEA.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, ingresó a la cárcel La Picota tras su deportación el 31 de julio.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó oficialmente su ingreso. Lyons afronta cargos por concierto para delinquir relacionados con escándalos de corrupción.
La Corte Suprema condenó a Lyons en 2018 por liderar una red que sustrajo 9.000 millones de pesos de las regalías departamentales durante su mandato, que se extendió entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.
Ese tribunal también lo halló responsable de inflar contratos y desviar recursos públicos. La solicitud de extradición que pesaba sobre él incluyó cargos de lavado de activos y asociación.
El exgobernador ocupó un rol clave en la investigación del cartel de la toga, trama que manipuló fallos judiciales en la Corte Suprema. Su colaboración con el FBI y la DEA lo convirtió en testigo protegido.
Su declaración facilitó el procesamiento de 22 personas, entre magistrados y empresarios, acusados de recibir sobornos.
Lyons fue deportado tras cumplir un acuerdo de cooperación con autoridades estadounidenses.
Su defensa advirtió que su seguridad corría peligro por las implicaciones de su testimonio. El caso avanzará a una audiencia de imputación próximamente.
Además, Lyons recibió sanción de la Procuraduría con inhabilitación de diez años por autorizar pagos de más de 7.000 millones de pesos a una IPS sin contrato formal. Ese desfalco afectó tratamientos de hemofilia y VIH.
El ingreso de Lyons a La Picota reaviva cuestionamientos sobre la eficacia de los controles internos en la administración pública y la capacidad del Estado para sancionar a altos funcionarios.
