Alerta por dudosas ofertas educativas en Piedecuesta
Resumen
Las instituciones educativas en Piedecuesta, Santander, operan sin inspecciones adecuadas y permisos oficiales, exponiendo a estudiantes a servicios de baja calidad. La Secretaría de Educación pidió verificar legalidad para asegurar derechos y protección al consumidor.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Administración municipal pide verificar legalidad de los establecimientos
La expansión de instituciones y cursos en la ciudad de Piedecuesta, Santander, supera la capacidad de vigilancia de las autoridades educativas, según constatan denuncias públicas.
Centros de formación y academias operan sin inspecciones, sin verificaciones documentales y sin permisos oficiales, lo que expone a estudiantes y familias a servicios que no cumplen estándares mínimos.
La Secretaría de Educación de Piedecuesta confirmó que el registro ante los entes de control y la autorización de programas son requisitos indispensables para impartir formación formal.
Los interesados deben exigir comprobantes de legalidad, acreditaciones y constancias de seguimiento expedidas por los entes de control. La falta de esos documentos obliga a suspender actividades que no evidencien cumplimiento normativo.
Expertos en educación consultados por este medio señalan que la oferta informal genera incertidumbre sobre la calidad de la enseñanza y la validez de certificaciones.
Verificar los registros
Las autoridades anunciaron que intensificarán inspecciones y aplicarán sanciones por operar sin autorización.
Recomiendan que antes de inscribirse en cualquier programa educativo, curso, formación o taller, la comunidad debe verificar el registro institucional y la vigilancia oficial.
La revisión se puede realizar en la Secretaría de Educación de Piedecuesta, ubicada en el Centro Comercial La Cuesta, sótano 1. Teléfono: (607) 665 04 44, extensiones 1301, 1302, 1303, 1304. Correo electrónico: educacion@sempiedecuesta.edu.co
La recomendación es clara: confirmar la legalidad de la entidad y la aprobación de sus programas para garantizar derechos educativos y protección al consumidor. Los reportes deben incluir documentos, contratos y datos de contacto para facilitar la verificación oficial.
