Alerta por irregularidades en millonario contrato con otro fondo mixto en Santander

Una nueva alerta sobre la contratación pública en Santander volvió a encender las alarmas de los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación exhortó formalmente al Foncolombia a suspender un proceso licitatorio por más de 21.400 millones de pesos destinado al mantenimiento y adecuación de la infraestructura vial del distrito de Barrancabermeja, tras detectar una serie de posibles irregularidades que comprometerían la transparencia del proceso.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Si bien el llamado del ente de control, emitido el 9 de marzo de 2026, no constituye todavía una sanción disciplinaria ni una investigación formal contra funcionarios específicos, el pronunciamiento advierte sobre fallas estructurales en la manera en que fue diseñado y divulgado el proceso contractual, lo que podría vulnerar principios fundamentales de la contratación pública en Colombia.

La advertencia pone de nuevo sobre la mesa el debate sobre la utilización de fondos mixtos para ejecutar recursos públicos en proyectos de infraestructura, una figura jurídica que durante años ha generado controversia por su flexibilidad normativa y por el margen que deja para procesos de contratación menos visibles que los adelantados directamente por entidades estatales.

El proceso cuestionado tiene como objeto el “mantenimiento y adecuación de la infraestructura vial en el distrito de Barrancabermeja”, un proyecto que según los documentos preliminares contaría con un presupuesto de $21.407.027.292.

Se trata de una intervención que, de acuerdo con fuentes técnicas del sector de infraestructura consultadas para este reportaje, podría incluir trabajos como rehabilitación de pavimentos, reparación de vías urbanas deterioradas, adecuación de drenajes y señalización, obras claves para la movilidad en uno de los centros petroleros más importantes del país.

Barrancabermeja es considerada la capital petrolera de Colombia, sede de la mayor refinería nacional operada por Ecopetrol. Por su actividad industrial, el estado de su malla vial es un factor crítico para el transporte de trabajadores, maquinaria y mercancías. En este contexto, cualquier proyecto de mantenimiento vial adquiere un valor estratégico para la economía local y regional.

El informe de la Procuraduría se centra en tres aspectos principales que, según el organismo, podrían comprometer la legalidad del proceso.

El primero tiene que ver con la publicidad del proceso contractual. La Procuraduría encontró que el proceso no fue publicado en la plataforma estatal SECOP II, el principal sistema de contratación pública del país administrado por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.

En cambio, la convocatoria fue divulgada únicamente en el sitio web de Foncolombia, lo que a juicio del ente de control podría limitar la participación de posibles oferentes.

El sistema SECOP II fue diseñado precisamente para garantizar la publicidad y trazabilidad de los procesos contractuales del Estado. En él se publican licitaciones, documentos técnicos, cronogramas y ofertas, permitiendo que empresas interesadas de todo el país participen en igualdad de condiciones.

Al no utilizar esta plataforma, advierte la Procuraduría, podría verse afectado el principio de pluralidad de oferentes, uno de los pilares de la contratación pública.

Falta de especificaciones técnicas

Otro de los puntos críticos detectados por la Delegada Primera para la Vigilancia de la Función Pública fue la ausencia de información técnica fundamental en el proceso. Según el organismo de control, no se publicaron las especificaciones técnicas del proyecto, lo que impide verificar elementos esenciales como:

·         los materiales que se utilizarían en las obras

·         el tipo de intervenciones a realizar

·         el presupuesto estimado de cada actividad

·         los requisitos mínimos exigidos a los contratistas

Sin esta información, resulta prácticamente imposible que empresas interesadas puedan elaborar propuestas técnicas y económicas competitivas. En términos prácticos, especialistas en contratación consultados para este reportaje señalan que la falta de estos documentos reduce drásticamente la transparencia del proceso, pues dificulta evaluar si el contrato está correctamente estructurado o si el presupuesto corresponde realmente a las necesidades de la obra.

La Procuraduría también señaló que el proceso aparentemente no utilizó los llamados “documentos tipo”, un mecanismo obligatorio para múltiples procesos de contratación pública en Colombia.

Estos documentos fueron creados por Colombia Compra Eficiente como una herramienta para estandarizar los pliegos de condiciones y reducir riesgos de corrupción en licitaciones públicas.

La ausencia de estos formatos, advirtió la Procuraduría, podría constituir una vulneración de la normativa vigente.

Qué es Foncolombia y por qué

está en el centro del debate

El proceso cuestionado es adelantado por Foncolombia, una entidad que opera bajo la figura de fondo mixto.

Este tipo de entidades se ubica en una zona híbrida entre lo público y lo privado. Aunque pueden administrar recursos públicos y ejecutar proyectos estatales, no siempre están sometidas plenamente al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

En la práctica, esto les otorga mayor flexibilidad para contratar, pero también ha sido motivo de críticas por parte de organismos de control y expertos en transparencia.

La Procuraduría ha advertido en varias ocasiones que cuando los fondos mixtos administran recursos públicos deben aplicar los principios constitucionales de la función administrativa, entre ellos: transparencia, moralidad, publicidad Y selección objetiva.

Principios que, según el reciente pronunciamiento del ente de control, podrían estar en riesgo en el proceso de Barrancabermeja.

Documentos del proceso publicados por Foncolombia muestran que la licitación tuvo un cronograma relativamente rápido.

El proceso se abrió formalmente en febrero de 2026, con publicaciones de estudios previos, términos de referencia y resolución de apertura el 18 de febrero.

En cuestión de días se realizaron manifestaciones de interés, respuestas a observaciones y modificaciones mediante adendas.

El proceso incluso avanzó hasta la etapa de evaluación de propuestas y resolución de adjudicación el 3 de marzo de 2026, apenas unos días antes de que la Procuraduría hiciera público su llamado a suspender el procedimiento.

Este calendario acelerado también ha despertado inquietudes entre algunos observadores del sector, que consideran que los procesos de alta cuantía suelen requerir tiempos más amplios para garantizar competencia efectiva entre proponentes.