AMB busca soluciones al uso de motocicletas

Una mesa para cambiar el rumbo

En medio del creciente debate sobre la seguridad, la movilidad y la legalidad en torno al uso de motocicletas en las ciudades, el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) ha dado un paso estratégico y necesario: reactivar la Mesa de Incidencia. Esta iniciativa, liderada por el director del AMB, John Manuel Delgado, no solo da cumplimiento a una orden judicial, sino que abre la puerta a un diálogo profundo sobre los factores que motivan y condicionan el uso masivo de las motocicletas como medio de transporte en la región.

La reactivación de este espacio de concertación no es un hecho aislado. Surge como respuesta al fallo del Juzgado 15 Administrativo, que en 2024 ordenó a las autoridades metropolitanas implementar una serie de medidas restrictivas sobre el uso de motocicletas en zonas urbanas. La sentencia establece tres acciones principales: la prohibición del parrillero hombre mayor de 18 años en áreas específicas, la obligación de que el conductor sea también el propietario del vehículo, y la restricción de circulación en zonas determinadas. Pero más allá de acatar la decisión judicial, la Mesa de Incidencia busca generar respuestas estructurales y socialmente sostenibles.

Lo que está en juego no es menor. Las motocicletas se han convertido en un símbolo de movilidad accesible para miles de personas, especialmente en contextos de desempleo, pobreza o exclusión del sistema formal de transporte. En muchas ocasiones, el vehículo de dos ruedas representa más que un medio de transporte: es sustento, es oficio, es una alternativa frente a un sistema público que no siempre cubre todas las necesidades urbanas y periféricas. La reactivación de esta mesa no parte de una lógica punitiva, sino de una intención transformadora: entender por qué tantas personas optan por la motocicleta y cómo se pueden construir soluciones que no criminalicen la necesidad.

Cuatro frentes de trabajo para una movilidad más humana

Durante la más reciente jornada de trabajo, autoridades locales y representantes del gremio motociclista coincidieron en la urgencia de salvaguardar los derechos fundamentales de quienes utilizan este medio, sin desconocer el mandato judicial. Fue precisamente este equilibrio entre legalidad y empatía social el que permitió acordar la creación de cuatro mesas temáticas permanentes que comenzarán a operar la próxima semana. Estas submesas tienen el propósito de atender, desde diversos ángulos, los retos asociados al uso de motocicletas, y lo harán desde la concertación, la evidencia técnica y el respeto por las comunidades involucradas.

La Mesa de Prevención y Respeto Social será clave en un momento en que el gremio motociclista ha sido objeto de estigmatización constante. Más allá de los casos delictivos que involucran motos —que también deben ser atendidos con contundencia—, existe un prejuicio generalizado que asocia a los motociclistas con el desorden o la ilegalidad. Esta mesa buscará revertir esa narrativa a través de campañas de sensibilización, protocolos de seguridad y mecanismos de denuncia frente a actos discriminatorios. Se trata de construir una ciudadanía más empática y menos prejuiciosa.

Por otro lado, la Mesa de Movilidad y Transporte Público pondrá sobre la mesa una discusión de fondo: ¿es el sistema de transporte actual lo suficientemente robusto, inclusivo y eficiente como para ofrecer alternativas reales a quienes hoy dependen de la motocicleta? Esta mesa analizará la cobertura, las tarifas y la calidad del servicio, proponiendo mejoras estructurales que apunten a una movilidad urbana más sostenible, eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Solo una oferta de transporte público digna puede competir con la inmediatez y la autonomía que ofrece la motocicleta.

En ese mismo sentido, la Mesa de Inclusión Laboral y Formalización del Trabajo busca atacar una de las causas más profundas del fenómeno: la falta de empleo formal. Hoy, muchos motociclistas trabajan como mototaxistas, domiciliarios o transportadores informales en un mercado sin garantías, sin estabilidad y expuesto a todo tipo de riesgos. Esta mesa pretende conectar a los gobiernos locales con el sector empresarial para ofrecer formación, generar empleos dignos e insertar laboralmente a quienes están en la informalidad. La transformación social no será posible si no se ofrecen salidas reales a la precariedad.

Finalmente, la Mesa de Evaluación de Políticas de Control asumirá una tarea delicada pero esencial: revisar el impacto de las restricciones ya existentes, valorar su pertinencia y proponer, si es necesario, ajustes normativos basados en datos y en diálogo comunitario. No se trata de relajar la ley, sino de hacerla más efectiva, justa y contextualizada. Las políticas públicas deben ser vivas, revisables, y sobre todo, sensibles a los cambios sociales que las rodean.

Una apuesta por la legalidad con rostro humano

El AMB ha reiterado su compromiso con la legalidad, pero también con la justicia social y la participación ciudadana. Esta Mesa de Incidencia no es un escenario improvisado, sino un instrumento de gobernanza participativa que reconoce que la movilidad urbana no puede imponerse desde escritorios desconectados de la realidad. En un contexto donde las tensiones entre el cumplimiento de la ley y las necesidades de la población tienden a agudizarse, esta iniciativa representa un punto medio: una apuesta por la concertación y la transformación conjunta.

Lo que ocurra en las próximas semanas será decisivo. Estas mesas temáticas deberán pasar rápidamente del diagnóstico a la acción, y sus resultados dependerán de la voluntad real de todas las partes por construir acuerdos sostenibles. Para ello será clave la participación activa del gremio motociclista, la articulación entre las alcaldías, la rigurosidad técnica de los estudios que se elaboren y, sobre todo, la disposición de la ciudadanía a ver en esta problemática una oportunidad para el cambio y no un terreno de confrontación.

Si se logran resultados concretos, Bucaramanga podría convertirse en un modelo nacional de cómo enfrentar los retos de la movilidad urbana sin sacrificar la dignidad de quienes viven en la marginalidad del sistema. Esta mesa, más que una obligación judicial, podría marcar el inicio de un pacto social por una movilidad más humana, más justa y más incluyente.