La candidatura al Senado de Andrés Vázquez, aspirante por el Partido Conservador Colombiano, emerge como el capítulo político de una disputa que, según su propio relato, lleva más de una década gestándose en el corazón del comercio colombiano. Su bandera es contundente: enfrentar lo que describe como un sistema de cobros abusivos por derechos de autor que, afirma, ha afectado a miles de establecimientos en todo el país.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Su discurso, respaldado recientemente por el reconocimiento del dirigente conservador Efraín Cepeda, plantea una narrativa que mezcla confrontación económica, debate jurídico y defensa del comercio, mientras promete trasladar esa batalla al Congreso de la República.

Desde los micrófonos de la Cadena de la Cordialidad, Vázquez lanzó un mensaje directo: su aspiración al Senado, con el número 39 en la lista conservadora, no nace de promesas electorales tradicionales sino de lo que define como “resultados concretos” en la defensa de comerciantes frente a los cobros por derechos de autor.

El eje central de la propuesta de Vázquez gira en torno a su confrontación con Sayco y Acinpro, entidades encargadas de recaudar derechos de autor por la reproducción pública de obras musicales.

Según el candidato, durante años estas organizaciones habrían impuesto tarifas que califica como “expropiatorias”, afectando a hoteles, restaurantes, discotecas, panaderías, iglesias, festivales y conciertos. Su planteamiento no cuestiona la existencia del derecho de autor, sino la forma en que, según él, se ha aplicado.

“No vengo con propuestas, vengo con resultados”, afirma, insistiendo en que el pago de derechos de autor es una obligación legal, pero no exclusiva de una sola entidad ni bajo tarifas que no sean concertadas.

De acuerdo con su postura, comerciantes y autoridades locales habrían sido inducidos a creer que solo a través de estas sociedades era posible cumplir con el requisito legal, lo que habría generado cobros elevados y presiones económicas que, asegura, llevaron a la quiebra a numerosos negocios.

La sanción de la SIC y el debate jurídico

Uno de los pilares del discurso de Vázquez es una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, que el 7 de noviembre de 2025 sancionó prácticas relacionadas con cobros por derechos de autor en diversos sectores comerciales.

El candidato sostiene que esta decisión confirmó irregularidades en el sistema de recaudo y fortaleció su tesis sobre prácticas abusivas.

También recuerda el debate realizado en 2020 en el Congreso junto a Efraín Cepeda, que, según afirma, derivó en el Decreto Presidencial 1007 del 14 de junio de 2022. Dicho decreto, señala, dejó claro que los establecimientos no están obligados a pagar exclusivamente a una sola entidad para cumplir con las exigencias legales en materia de derechos de autor.

Pese a ello, asegura que muchas autoridades municipales continúan desconociendo esa disposición.

El nuevo frente de batalla: el proyecto de ley 258 de 2024

El candidato advierte que su principal preocupación actual es el proyecto de ley 258 de 2024, iniciativa que, según su interpretación, podría convertir en obligación legal el pago monopolizado a una empresa privada por concepto de derechos de autor.

Vázquez sostiene que el proyecto, que asegura cuenta con respaldo de sectores cercanos al Pacto Histórico, sería inconstitucional por delegar en una entidad privada la certificación del cumplimiento de un requisito legal.

Su promesa legislativa es clara: frenar la iniciativa y evitar que afecte a más de un millón de establecimientos comerciales en los 32 departamentos del país.

“Eso es inconstitucional. No se puede entregar la certificación del cumplimiento de un requisito de ley a una empresa privada”, sostiene.

Con ese balance, el aspirante insiste en que no representa una candidatura tradicional, sino la expresión política de una disputa entre comercio, cultura y poder económico que ahora busca trasladar al Senado.