ANT respondió a hallazgo de irregularidades de la Contraloría: “Los errores se corrigieron a tiempo”

La Contraloría General de la República confirmó que Harman tuvo la razón al encender las alarmas tras su llegada a la Agencia Nacional de Tierras.  No se trató de un tema caprichoso, sino oportuno, al no proceder con la conclusión de algunas adquisiciones. Al solicitar el acompañamiento de los entes de control, el nuevo director de ANT evitó una afectación aún mayor y abrió la posibilidad de subsanar.

Al término de una actuación especial de fiscalización efectuada por la Contraloría General de la República (CGR) a la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, el ente de control confirmó que Felipe Harman tuvo la razón, al encender las alarmas tras su llegada a la entidad como director general en febrero de 2024.

En su momento, Harman Ortiz ordenó conformar un órgano colegiado al interior de la entidad, que se denominó Mesa de Seguimiento a Casos Críticos, con el fin de revisar a profundidad procesos de compra de tierras que registraban atrasos y reclamaciones por parte de los oferentes, para actuar con rigor y blindar los procedimientos en aras de proteger lo público.

Las irregularidades

En Actuación Especial de Fiscalización realizada durante el segundo semestre de 2024, la Contraloría General de la República estableció hallazgos fiscales por $160 mil millones, por presuntas irregularidades en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), específicamente en el proceso de adquisición y adjudicación de predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral (RRI).

Esta auditoría realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, abarcó el período comprendido entre el año 2022 y el 30 de abril de 2024 y se identificaron 14 hallazgos administrativos, de los cuales 10 tienen posible incidencia disciplinaria y 6 presunto alcance fiscal. Además, se solicitó una apertura de indagación preliminar y un proceso administrativo sancionatorio, por incongruencias en la información presentada por la entidad.

Las irregularidades detectadas en el manejo de estos recursos comprometen la eficacia de la Reforma Rural Integral y el uso adecuado de los recursos públicos destinados a las comunidades campesinas y étnicas beneficiarias.

Predios comprados con suelos inadecuados

Se identificaron adquisiciones de predios en diversas regiones, muchos de los cuales presentan suelos clasificados como clase VII, lo que los hace inadecuados para cultivos y ganadería debido a sus severas limitaciones.

Estos suelos representan más del 50% de la superficie de varios de los predios adquiridos, lo que va en contra de la normativa establecida en la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo 329 de 2014, que prohíbe la compra de predios destinados a los campesinos con áreas que presenten más del 20% en suelos de clase VII y VIII.

Además, algunos de estos predios presentan humedales en un 30% de su superficie, lo que agrava aún más su viabilidad para ser utilizados en actividades agropecuarias. Estas adquisiciones no cumplen con los requisitos para ser aptas para el desarrollo de proyectos productivos en el marco de la Reforma Rural Integral, lo que pone en riesgo el buen uso de los recursos públicos destinados a estas poblaciones que ascienden a $43.306 millones de pesos.

Por otra parte, se evidenció que varios predios comprados para las comunidades campesinas fueron invadidos ante la falta de control y custodia adecuada. La falta de diligencia de la ANT para su recibo material genera un posible detrimento patrimonial por cuantía de $5.646 millones de pesos y un impacto social para las poblaciones sujetos de derecho de ordenamiento social de la propiedad.

Detección oportuna

Tras la auditoría realizada a los procesos de adquisición por compra directa y adjudicación de predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral de la ANT, desde la vigencia 2022 al 30 de abril de 2024, la CGR encontró que el equipo liderado por Harman evitó una afectación aún mayor y su intervención no se trató de un tema caprichoso, sino oportuno, al no proceder con la conclusión de algunas adquisiciones y, por el contrario, solicitar el acompañamiento de los entes de control.

Uno de los reparos que las comunidades pusieron en conocimiento de Felipe Harman, se refería a la posibilidad real de aprovechamiento agrícola de algunos predios que estaba adquiriendo la Agencia Nacional de Tierras en varios departamentos, lo que debió hacerlos inviables para compra con los fines de la Reforma Rural Integral.

En este sentido, la Contraloría señaló que las herramientas de análisis empleadas en administraciones anteriores a la de Harman, presentaban limitaciones que afectaron la emisión de conceptos confiables por parte de los profesionales agrónomos, lo que impidió reflejar el verdadero potencial agropecuario de los predios.

En otros casos, se afectaron los tiempos de ejecución establecidos para la entrega oportuna de los predios, pero la Agencia explicó que la dificultad para esas adjudicaciones dependió de la participación de varios actores, inclusive entidades territoriales, terceros que debieron confluir en sus actuaciones desde sus respectivas competencias.

Un caso que tuvo relevancia mediática fue el del predio Cachorros, en Puerto Gaitán, Meta. Su valor es de 38.675 millones de pesos pero solo se había pagado el 30%, es decir, 11.602 millones de pesos. El saldo pendiente por pagar es de 27.073 millones de pesos, y por tanto, se evitó un posible detrimento por el restante 70%, mientras se esclarecían los hechos.

El hallazgo o la advertencia por parte de la Contraloría obedece a una inviabilidad técnica, es decir, la administración de ese entonces viabilizó la compra sin que se cumplieran las condiciones mínimas contempladas en el capítulo 2 del artículo 9 del Acuerdo 329 del 2014 expedido por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, lo que significa que el predio no contaba con la aptitud agronómica suficiente para poder ser explotado.

En el informe final de su auditoría, la Contraloría General de la República instó a la ANT a subsanar los hallazgos o las dificultades encontradas y a enmarcar sus actuaciones futuras con mayor rigor legal, razón por la cual la Dirección de Acceso a Tierras elaboró un plan de mejoramiento que ya fue comunicado al ente de control, y que contiene acciones factibles de cumplirse en corto tiempo.