Resumen
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A primera hora de este viernes, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal afirmó que radicó una demanda contra el decreto que estableció la prohibición de exportar carbón hacia Israel, considerando que el decreto presidencial es violatorio del TLC que hay en estos momentos con este país.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
A pesar de todas las advertencias de que sería una decisión adversa para la economía nacional y las relaciones internacionales, el presidente Gustavo Petro defendió su decisión asegurando que tiene su origen en “la gravedad de la situación humanitaria que se ha desencadenado en Palestina con ocasión de la operación militar llevada a cabo por Israel después del 7 de octubre de 2023”, al tiempo que señaló que “Con el carbón colombiano hacen bombas para matar los niños de Palestina”.
Hablamos del decreto 1047 del 14 de agosto de 2024, expedido a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por medio del cual “se establece una prohibición a las exportaciones de carbón a Israel”, restricción que entró a regir desde esta semana.
El presidente Petro argumento que un informe de los 169 de días de guerra en Gaza, efectuado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), determinó que 32.333 palestinos habían muerto de los cuales 9.000 eran mujeres y 13.000 eran niños; que 1.1 millones de personas experimentaban inseguridad alimentaria y; 1,7 millones de personas han sido desplazadas de sus territorios. Así como que el 31% de los niños ubicados en Gaza sufren de desnutrición”.
En el artículo 4 del Decreto, referente a la vigencia, indica: “tendrá vigencia hasta que se cumplan a cabalidad las ordenes de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia en el Proceso de la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica c. Israel)”.
Decreto demandado
La demanda la radicó la senadora del uribismo haciendo énfasis en que el decreto es violatorio de la Constitución y del TLC con ese país, además asegurando que esta decisión pone en riesgo el empleo en departamentos productores e impide que la Guajira y Cesar reciban más 100 mil millones de pesos en regalías.
Por otra parte, Cabal desvirtuó la frase del presidente Petro, en la que aseguró que “Con el carbón colombiano hacen bombas para matar los niños de Palestina”, y por el contrario, uso la formula semántica para darle una dosis de su propia medicina al presidente Petro: “con la cocaína que las autoridades competentes no han logrado incautar en diferentes sectores del país, los criminales logran conseguir recursos con los que, posteriormente, compran armas, explosivos y bombas con las que atentan contra la población civil. Con la coca que usted no erradica compran fusiles, explosivos y ponen bombas para matar niños en Jamundí”, reiteró la senadora.
650 mil millones en Regalías
La Procuradora General se unió a los reproches contra el presidente Petro y aseguró que es inconveniente la medida ya que las exportaciones representan 650 mil millones de pesos anuales en regalías, de los cuales 150 mil millones benefician a La Guajira, Cesar, y Santander.
Cabello Blanco fue enfática en referir que se necesita actuar con coherencia frente a un panorama que pide acciones concretas para una reactivación económica y no por el contrario, medidas que afecten la libertad de empresa y el comercio internacional.
“La prohibición de exportación no garantiza la seguridad nacional, la soberanía alimentaria, ni garantiza la protección de la industria y del mercado. ¿Cómo se van a compensar estas pérdidas de ingresos para el Estado colombiano cuando todos sabemos la situación económica en la que nos encontramos?”
Finalmente expresó que a través de su Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, la Procuraduría envío sus comentarios al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, precisando que, si bien el Estado tiene la facultad de intervenir en la economía en aras del bien común supremo, la medida no es idónea ni proporcional para lograr dicho fin.
Es una violación constitucional
La Asociación Colombiana de Minería (ACM) también manifestó su profunda preocupación por la expedición del Decreto 1047 del 14 de agosto de 2024, mediante el cual el Gobierno Nacional prohíbe las exportaciones de carbón colombiano a Israel, y aseguró que esta decisión materializa los riesgos que la ACM ha venido advirtiendo al país, al ser una medida inconstitucional e ilegal ya que transgrede los artículos 150 y 189 de la Constitución, la Ley 7 de 1991, el artículo 259 del Plan Nacional de Desarrollo y los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en sus Tratados de Libre Comercio, lo que representa un grave precedente para la seguridad jurídica y una amenaza directa a la libre empresa y competencia.
El TLC con Israel prohíbe expresamente la adopción de restricciones o prohibiciones a la importación o exportación de mercancías, salvo en circunstancias excepcionales y comprobadas, como una escasez aguda de bienes esenciales. Este no es el caso. Además, la medida pone en riesgo los Acuerdos de Libre Inversión con Suiza y Estados Unidos que protegen las exportaciones de las compañías de carbón en Colombia.
"El argumento de moral pública no puede ser utilizado para justificar decisiones desproporcionadas e inadecuadas que afectan gravemente la economía del país y el bienestar de las regiones," afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM. "Esta medida debilita la confianza en los compromisos internacionales de Colombia y aumenta la incertidumbre para la inversión”.
Es importante destacar que, en 2023, las exportaciones de carbón térmico a Israel representaron el 5% del total de exportaciones de este mineral, lo que equivale a 447 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, esta cifra es equivalente a la totalidad de las exportaciones de Colombia al Reino Unido, 1.2 veces las exportaciones de rosas y 2.2 veces las de aguacate hass.
“La firma de este Decreto refleja que el Gobierno no tiene en cuenta los comentarios de la ciudadanía y los grupos de interés, lo cual es preocupante en una democracia que debe fortalecer la participación efectiva”, afirmó Nariño. En un contexto económico complejo, con bajos ingresos y alta necesidad de inversión social, es desconcertante que se impongan restricciones como estas, sin considerar las consecuencias para el comercio exterior, los compromisos internacionales y el desarrollo del país y sus regiones.
