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Apareció un otro contrato cuestionado para el gobierno Petro: Fondo Programas para la Paz en el ojo del huracán

La Procuraduría General investiga a Pablo Francisco Pardo Velasco por posibles irregularidades en un contrato de $10 mil millones con Pubblica para eventos, el cual fue adicionado en más del 50%. Se busca esclarecer deficiencias en su planeación y ejecución.

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La Procuraduría General investiga a Pablo Francisco Pardo Velasco por posibles irregularidades en un contrato de $10 mil millones con Pubblica para eventos, el cual fue adicionado en más del 50%. Se busca esclarecer deficiencias en su planeación y ejecución.

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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el entonces director del Fondo Programas para la Paz de la Presidencia de la República, Pablo Francisco Pardo Velasco, por las posibles irregularidades en un contrato con la firma Pubblica, para la realización de eventos, por $ 10 mil millones, y que habría sido adicionado en más del 50 %.

Los hechos, denunciados por un medio de comunicación nacional, están relacionados con el negocio jurídico suscrito para “la prestación de servicios operacionales y de funcionamiento que garanticen la organización, administración y realización de eventos y/o actividades que garanticen la ejecución de los requerimientos encaminados al logro y mantenimiento de la paz en las regiones”.

El contrato, celebrado el 8 de noviembre de 2023, tenía como plazo de ejecución el 31 de diciembre de 2023 o hasta el agotamiento de los recursos. Es decir que, según el denunciante, “el Fondo de Programas Especiales para la Paz de la Presidencia de la República gastara $10.000.000.000 en eventos en tan solo 53 días”.

El Ministerio Público busca establecer si se presentaron deficiencias en la planeación y la suscripción de este acuerdo y en su adición, dado que esta habría superado el 50 % de su valor inicial.

Con este propósito la Segunda Delegada para la Contratación Estatal requirió información sobre el estado actual del bilateral, el porcentaje de cumplimiento físico y la justificación técnica, jurídica y financiera que habría llevado a la cuestionada adición.