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Apoyan reducción de sueldos de congresistas, magistrados, gobernadores y diplomáticos

Es la misma propuesta que ha hecho en varias oportunidades el senador santandereano del Partido Verde, Jota Pe Hernández. Para comenzar, el presidente Gustavo Petro debería producir un decreto de emergencia económica.

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Es la misma propuesta que ha hecho en varias oportunidades el senador santandereano del Partido Verde, Jota Pe Hernández. Para comenzar, el presidente Gustavo Petro debería producir un decreto de emergencia económica.

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En medio de la polémica que se desató en el país por el radical anuncio que hiciera esta semana  el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, de congelar los salarios más altos de los funcionarios de las tres ramas del poder público, el mandatario colombiano reaccionó a la crítica que lanzaron en su contra varios congresistas, que devengan mensualmente cuarenta y tres millones de pesos.

Es la misma propuesta que ha hecho en varias oportunidades el senador santandereano del Partido Verde, Jota Pe Hernández. Para comenzar, el presidente Gustavo Petro debería producir un decreto de emergencia económica, reduciendo su sueldo a veinticinco salarios mínimos mensuales, que tendría aplicación inmediata, como lo hiciera en su momento el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El jefe del Estado aseguró que una medida para congelar salarios ya se había hecho en el pasado, sin revelar más detalles. Esta semana, Petro dijo que el país tiene que pagar una voluminosa deuda que se pactó a dos años, un tiempo demasiado corto que lleva a hacer esfuerzos desmedidos para garantizar las inversiones en obras públicas.

En ese sentido, habló de una “tormenta económica” que llevará a Colombia  a tener que recortar fuertemente el gasto y una de las primeras medidas será el congelamiento de los salarios altos de los congresistas, los magistrados de las altas cortes, los miembros del cuerpo diplomático, los gerentes de los institutos descentralizados del orden nacional, los directivos de Ecopetrol, los superintendentes en el sector público, altos miembros de las fuerzas militares y de policía, los gobernadores de los departamentos y la mayoría de los alcaldes de ciudades capitales.