Así es la nueva norma para evitar que los medios digitales se conviertan en victimarios de los menores

Plataformas digitales, instituciones educativas, familias y entidades públicas tendrán nuevas responsabilidades para prevenir la violencia en línea y proteger la privacidad de niñas, niños y adolescentes. Así lo establece el Decreto 0769 de 2026, expedido por el Gobierno nacional para reglamentar la Ley 2489 de 2025 y avanzar en la construcción de entornos digitales sanos y seguros.

La normativa plantea una respuesta conjunta al ciberacoso, la explotación y el abuso sexual en internet, la captación por medios digitales, la exposición a contenidos inapropiados y el uso indebido de datos personales. Para enfrentar estos riesgos, incorpora acciones de alfabetización mediática y digital, herramientas de control parental, canales de reporte y criterios de seguridad y privacidad desde el diseño de los servicios tecnológicos.

“Con este decreto damos un paso fundamental para garantizar que niñas, niños y adolescentes aprovechen las oportunidades que ofrece la tecnología en condiciones más seguras. La protección de sus derechos en el entorno digital es una responsabilidad compartida, que requiere el compromiso de las familias, las instituciones educativas, las empresas y el Estado", afirmó la ministra TIC, Carina Murcia Yela.

Uno de los principales cambios recae en las empresas tecnológicas. Los proveedores de plataformas, aplicaciones, videojuegos, sistemas de inteligencia artificial y otros servicios digitales deberán identificar y gestionar riesgos, adoptar medidas de protección de datos, ofrecer mecanismos accesibles para presentar quejas y rendir informes semestrales al Ministerio TIC sobre los avances alcanzados.

En el sector educativo, las estrategias para prevenir el ciberacoso y otras violencias digitales deberán incorporarse en los Proyectos Educativos Institucionales y en los Manuales de Convivencia. También se promoverán talleres para estudiantes, familias, docentes y cuidadores sobre navegación segura, privacidad, mediación tecnológica y uso de herramientas de control parental.

El decreto ordena formular, en los próximos doce meses, una política pública nacional sobre entornos digitales sanos y seguros. Además, dispone la creación de un repositorio gratuito con contenidos pedagógicos y buenas prácticas para familias, estudiantes y docentes. Su acceso no podrá condicionarse al registro ni a la entrega de datos personales de menores de edad, y tampoco incluirá publicidad dirigida a esta población.

La norma también pone en marcha un Sistema Integral de Monitoreo, Evaluación y Desarrollo Tecnológico, en el que participarán los ministerios de Educación y Defensa Nacional, el ICBF y la Fiscalía General, bajo la coordinación técnica del MinTIC. Esta articulación permitirá mejorar la prevención, detección y atención de riesgos y violencias digitales.

Las obligaciones se implementarán de manera gradual, teniendo en cuenta el nivel de riesgo, las características de cada servicio y la capacidad técnica de los actores involucrados. El decreto aclara que las medidas no podrán justificar censura previa, vigilancia generalizada de comunicaciones privadas ni el debilitamiento de los sistemas de cifrado.

Antes de su expedición, el proyecto fue sometido a dos periodos de consulta pública: del 31 de diciembre de 2025 al 21 de enero de 2026 y del 16 al 29 de abril de 2026. Durante estas etapas se recibieron más de 500 observaciones y propuestas de ciudadanos, gremios y organizaciones sociales. En su elaboración participaron entidades como el ICBF, la Policía Nacional, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y organizaciones de padres de familia.

Estas disposiciones complementan el trabajo adelantado por CiberPaz, estrategia mediante la cual el ministerio de las TIC realizó cerca de 3,4 millones de sensibilizaciones sobre ciudadanía digital responsable, empática y basada en la autoprotección. Las actividades llegaron a 805 municipios de los 32 departamentos, incluidos colegios, barrios, juntas de acción comunal y comunidades rurales y urbanas.

Entre las poblaciones vinculadas se encuentran 1'431.146 mujeres, 968.269 adolescentes, 508.815 niñas y niños, 75.725 personas indígenas, 57.061 integrantes de comunidades NARP, 7.355 personas con discapacidad y 863 víctimas del conflicto armado. Con estas acciones el Gobierno nacional busca ampliar la apropiación segura de la tecnología y reducir las brechas de acceso, conocimiento y protección digital.