Resumen
El Gobierno de Colombia ha creado la Ley 2358 de 2024 y el fondo 'No Es Hora de Callar' para financiar programas de prevención, protección y asistencia a mujeres periodistas víctimas de violencia de género, en cumplimiento de una sentencia de la CorteIDH.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El Gobierno presentó oficialmente la Ley 2358 de 2024, que crea el fondo ‘No Es Hora de Callar’, un mecanismo para financiar programas orientados a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas y comunicadoras víctimas de violencia de género. Este Fondo se enmarca en el cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso Jineth Bedoya Lima y Otra vs. Colombia.
Durante el evento, realizado en el Capitolio Nacional, el Gobierno reafirmó su compromiso con la justicia, reparación y garantía de los derechos humanos de las periodistas en el país, quienes se enfrentan a violencias sistemáticas por su género y oficio.
“Este Fondo es un paso clave para saldar una deuda social e histórica con las mujeres comunicadoras”, señaló el ministro de Educación, Daniel Rojas, presente en el acto.
El presidente Gustavo Petro reiteró que el Fondo reitera el compromiso del Gobierno con la erradicación de todas las formas de violencia de género en Colombia reafirmando que "la justicia social no es posible sin la garantía de una vida sin miedo y libre de violencia para todas las mujeres".
El Fondo contará con un presupuesto inicial de 500.00 dólares anuales, renovables cada año, que permitirá financiar programas a nivel nacional, departamental y municipal. Entre sus principales funciones está la inversión en la prevención, protección y asistencia a mujeres periodistas, así como la financiación de investigaciones sobre los tipos de violencia de género que enfrentan en su labor. Los resultados de estas investigaciones serán insumos clave para el diseño de políticas públicas que fortalezcan la lucha contra estas violencias.
La creación de este Fondo, como parte de las medidas de reparación ordenadas por la CorteIDH en el caso Bedoya, es la primera iniciativa concreta del Estado colombiano para garantizar los derechos de las mujeres periodistas. Este hito responde a la obligación internacional de Colombia en la protección de las comunicadoras que, por su labor y género, están expuestas a altos niveles de violencia y amenazas.
En el marco del evento se realizó un acto simbólico para honrar la vida y memoria de las periodistas víctimas de violencia. Comunicadoras de distintas regiones del país, como los Montes de María y los Llanos Orientales, participaron en la ceremonia y recibieron copias de la Ley como homenaje a su legado y lucha.
