Atrapados en la mediocridad económica

Por: Felipe Rodriguez Espinel.

Las cifras no mienten, pero tampoco consuelan. Mientras organismos internacionales proyectan un crecimiento del 2,3% para América Latina en 2026, Colombia se debate entre estimaciones que oscilan entre el 2,7% y el 3,2%, dependiendo de quién haga los cálculos. Lo preocupante no son tanto las diferencias metodológicas, sino la realidad que todas coinciden en señalar: el país lleva años girando en círculos, sin encontrar la salida hacia un crecimiento vigoroso y sostenido.

Cuatro años consecutivos expandiéndose apenas por encima del 2% representan algo más grave que un simple bache económico. Es la consolidación de una trampa de bajo desarrollo que amenaza con convertirse en normalidad. Para dimensionar el problema, entre 2023 y 2026, Colombia habrá crecido en promedio apenas un 2%, muy lejos del 3,8% que logró en lo corrido del siglo.

No estamos ante una crisis súbita, sino frente al deterioro gradual de nuestras capacidades productivas. El panorama se agrava cuando examinamos los números con detenimiento. La inflación cerró 2025 en 5,10%, manteniéndose por sexto año consecutivo fuera del rango que debería controlar el Banco de la República. Seis años. Déjenme repetirlo, durante seis años consecutivos, la entidad encargada de mantener la estabilidad de precios habrá fracasado en su objetivo fundamental.

Pero hay más. El déficit fiscal alcanzará entre 6,5% y 8,1% del PIB en 2026, según las fuentes que se consulten. La deuda pública superará el 63% del PIB y seguirá escalando. La inversión privada permanece estancada en niveles históricamente bajos, alrededor del 17% del PIB, sin recuperar los niveles prepandemia. Mientras tanto, el consumo representa el 77% de la economía, una proporción insostenible que refleja un país que gasta más de lo que produce y que hipoteca su futuro para financiar el presente. Las advertencias de organismos internacionales resultan especialmente reveladoras.  Señalan explícitamente que Colombia se encuentra entre los países donde devolver la inflación a los rangos objetivo ha resultado más difícil. Traducción: las políticas implementadas simplemente no funcionan.

¿Qué significa todo esto para el ciudadano común? Salarios que pierden poder adquisitivo año tras año. Menos oportunidades laborales de calidad. Servicios públicos deteriorados porque no hay recursos para mejorarlos. Un Estado cada vez más endeudado y con menor capacidad de inversión social. En resumen: un empobrecimiento progresivo disfrazado de estabilidad macroeconómica. Lo más inquietante es que esta situación ocurre en un contexto donde varios países de la región muestran mejores perspectivas.

Mientras Colombia se arrastra al 2,9%, naciones como Paraguay, Guatemala, República Dominicana y Panamá proyectan crecimientos superiores al 3,5%. No es que enfrentemos una tormenta; es que nuestras decisiones de política pública nos han colocado en desventaja frente a vecinos que hace una década estaban en condiciones similares o peores.

El año electoral de 2026 ofrece una oportunidad, quizás la última en mucho tiempo, para exigir respuestas y propuestas serias. No más diagnósticos complacientes ni promesas vacías. Colombia necesita una transformación productiva real, consolidación fiscal efectiva y recuperación de la confianza inversionista. De lo contrario, estos años de mediocridad económica serán apenas el preludio de décadas perdidas.