Autodenominados Soldados de Cristo agredieron a jóvenes que se negaron a las peticiones de los reclutadores religiosos ¿Apoya estos comportamientos?

Lo ocurrido frente al Colegio Instituto Técnico Rodrigo de Triana, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, reabrió un debate que nunca debió ser necesario: el derecho a profesar una religión no puede convertirse en una excusa para intimidar, presionar o abordar físicamente a niños, niñas y adolescentes. La libertad de culto termina exactamente donde comienzan los derechos fundamentales de los demás.

La indignación crece luego de que se conocieran videos y denuncias en redes sociales en los que un grupo de personas que se identifica como "Soldados de Cristo" fue señalado de interceptar a estudiantes a las afueras de la institución educativa para imponerles prácticas de carácter religioso.

Según las denuncias, los integrantes del grupo, vestidos con prendas de estilo militar y portando incluso a un menor de edad en brazos, retuvieron a varios estudiantes, los tocaron mientras oraban por ellos, les entregaron panfletos con contenido doctrinario e intentaron persuadirlos para que se unieran a su movimiento religioso.

La escena, que generó alarma entre padres de familia, estudiantes y docentes, obligó al personal educativo a intervenir para proteger a los menores de edad. Sin embargo, lejos de cesar su comportamiento, los integrantes del grupo reaccionaron con agresiones verbales contra los profesores que cumplían con su deber legal de salvaguardar la integridad de los estudiantes.

Ante estos hechos, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Asuntos Religiosos, emitió un contundente pronunciamiento rechazando lo ocurrido y recordando que la libertad religiosa no es un permiso para vulnerar derechos fundamentales ni para ejercer presiones sobre personas que no desean participar de prácticas confesionales.

El Gobierno Nacional recordó que la Constitución Política impone a todos los ciudadanos el deber de respetar los derechos ajenos y de no abusar de los propios. En consecuencia, ninguna manifestación religiosa puede justificar actos de intimidación, coerción o acercamientos invasivos hacia menores de edad, mucho menos dentro del entorno escolar, espacio que debe permanecer libre de cualquier forma de presión ideológica o religiosa.

La situación resulta especialmente preocupante porque involucra a niños y adolescentes, población que goza de una protección constitucional reforzada. La Carta Política reconoce el derecho de los padres de familia a decidir la formación moral y religiosa de sus hijos, razón por la cual ningún grupo externo puede atribuirse la facultad de intervenir en ese proceso mediante acciones de presión o adoctrinamiento.

El Ministerio recordó igualmente que la Ley 133 de 1994 garantiza la libertad para difundir creencias religiosas, pero ese mismo marco jurídico protege también la libertad de conciencia, es decir, el derecho de cualquier persona a rechazar mensajes o prácticas religiosas que no desea recibir. La libertad de evangelizar jamás puede interpretarse como una autorización para imponer doctrinas o realizar acercamientos físicos sin consentimiento.

Más allá del debate jurídico, el episodio plantea un serio llamado de atención sobre ciertas formas de proselitismo religioso que parecen haber olvidado uno de los principios fundamentales de cualquier convivencia democrática: el respeto por quien piensa diferente. La fe, cualquiera que sea, pierde legitimidad cuando abandona la persuasión libre y recurre a la insistencia, la intimidación o el contacto físico no consentido, especialmente tratándose de menores de edad.

Diversos sectores han cuestionado además la utilización de indumentaria con apariencia militar y expresiones como "reclutar para Dios", lenguaje que resulta especialmente inquietante en un país que durante décadas ha sufrido las consecuencias del reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados ilegales. Aunque el contexto es completamente distinto, el uso de ese tipo de expresiones y dinámicas genera rechazo y preocupación entre la ciudadanía.

El Ministerio del Interior expresó su solidaridad con los docentes del Colegio Instituto Técnico Rodrigo de Triana, destacando que actuaron conforme a la Constitución y la ley al intervenir para proteger a sus estudiantes.

Asimismo, exhortó al grupo "Soldados de Cristo" a revisar profundamente sus métodos de difusión religiosa para evitar que el ejercicio de su libertad de culto derive en posibles conductas contrarias a la legislación colombiana, a la Constitución Política y a los estándares internacionales de derechos humanos.

El caso vuelve a recordar que la tolerancia religiosa no consiste únicamente en exigir respeto para las propias creencias, sino también en respetar el derecho de los demás a no compartirlas. Una sociedad verdaderamente plural no puede aceptar que la fe sea utilizada como argumento para vulnerar la autonomía de los menores, desconocer la autoridad de los docentes o convertir las puertas de un colegio en escenario de confrontación religiosa. El derecho a creer es absoluto en el ámbito de la conciencia; el derecho a imponer esas creencias a otros, simplemente, no existe.