Autoridades contra el delito electoral

Autoridades contra el delito electoral

Resumen

Autoridades colombianas detuvieron a Víctor Hugo Moreno con $20 millones cerca del aeropuerto de Leticia. Se investiga posible cohecho y delitos electorales. El partido lo expulsó tras el incidente, mientras que la Fiscalía indaga el caso.

Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
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by Andrés Quijano

La jornada estuvo marcada por diversas situaciones irregulares que fueron aclaradas por la institucionalidad competente.

Las autoridades electorales y judiciales adelantan investigaciones por varios hechos relacionados con presuntos delitos electorales registrados durante la jornada legislativa del 8 de marzo en Colombia. Entre los casos más relevantes se encuentra la captura del candidato a la Cámara por el departamento de Amazonas, Víctor Hugo Moreno, quien fue detenido con dinero en efectivo cerca del aeropuerto de Leticia.

El aspirante, que hacía parte del partido Centro Democrático, fue interceptado por uniformados de la Policía Nacional de Colombia en inmediaciones del aeropuerto Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo. Durante el procedimiento, las autoridades encontraron una bolsa que contenía aproximadamente 20 millones de pesos en efectivo, cuya procedencia y destino están siendo investigados por las autoridades.

Tras conocerse el caso, el partido Centro Democrático anunció la expulsión inmediata del aspirante. En un comunicado, la colectividad señaló que la decisión se adoptó “en coherencia con los principios y valores del partido, y con el compromiso de actuar con firmeza frente a hechos que deben ser esclarecidos por las autoridades competentes”.

Captura e investigación judicial

Según el reporte preliminar de las autoridades, Moreno fue detenido el 7 de marzo alrededor de las 4:20 de la tarde, cuando se encontraba en un vehículo cerca de la terminal aérea. De acuerdo con el informe policial, el candidato habría arrojado la bolsa con el dinero al notar la presencia de los uniformados.

Las autoridades indicaron que el político reconoció ser el dueño del dinero y, según versiones preliminares, habría intentado ofrecer una parte del efectivo a los agentes para evitar su detención, lo que llevó a su captura bajo sospecha del delito de cohecho.

El caso fue puesto en manos de la Fiscalía General de la Nación, que inició las investigaciones correspondientes para determinar si el dinero tenía relación con posibles delitos electorales.

Posteriormente, Moreno fue dejado en libertad mientras continúan las indagaciones judiciales. Sin embargo, la Fiscalía avanza en el proceso de imputación por el delito de cohecho por dar u ofrecer.

La fiscal Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial del ente acusador, explicó que el aspirante “estaría implicado en el ofrecimiento de dinero para evitar la incautación de 15 millones de pesos en efectivo que transportaba”, motivo por el cual un fiscal de la Seccional Amazonas adelanta el proceso de judicialización.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente que el dinero estuviera destinado a la compra de votos, aunque esa hipótesis forma parte de las líneas de investigación que siguen las autoridades.

Balance nacional de irregularidades electorales

El caso de Moreno hace parte de una serie de procedimientos adelantados por las autoridades para prevenir y sancionar delitos electorales durante la jornada de votaciones.

De acuerdo con información entregada por la Fiscalía, también fue capturado Freddy Camilo Gómez Castro, candidato al Senado, quien fue detenido en Bogotá tras votar en un puesto ubicado en la localidad de Engativá.

Según el ente acusador, Gómez Castro es investigado por su presunta participación en una red de contrabando vinculada a Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de “Papá Pitufo”.

Las investigaciones indican que el candidato habría tenido contacto con funcionarios de distintas entidades, incluyendo miembros de la Policía y otras autoridades, con el fin de facilitar el ingreso de mercancía ilegal al país.

En el mismo caso fueron capturados José Luis Olaya Caicedo y Édgar Humberto Bacca Sánchez, dos exintegrantes de la Policía Nacional, señalados de colaborar con la presunta red de contrabando.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputará a los implicados los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado. En el balance general entregado por la Fiscalía se reporta que, durante la jornada electoral, se han registrado múltiples capturas relacionadas con irregularidades en el proceso democrático.

Entre los datos reportados se encuentran cinco personas capturadas por presunta corrupción al sufragante, 15 capturados por orden judicial —tres de ellos designados como jurados de votación— y varias incautaciones de dinero en diferentes regiones del país.

En total, las autoridades han encontrado más de 2.000 millones de pesos en efectivo durante procedimientos realizados en la primera semana de marzo.

Investigación por ingreso irregular en la frontera

Otro hecho que generó preocupación durante la jornada electoral fue el ingreso irregular de aproximadamente 2.500 personas desde Venezuela hacia territorio colombiano en la zona de frontera de Cúcuta.

De acuerdo con información revelada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, drones de inteligencia militar detectaron el cruce de ciudadanos —en su mayoría venezolanos— por un punto cercano al Puente Internacional Francisco de Paula Santander.

El paso irregular se habría realizado mediante una estructura artesanal de madera sostenida con guayas que permitía atravesar el río pese al cierre oficial de la frontera durante las elecciones.

Las autoridades también encontraron alrededor de 65 buses esperando del lado colombiano para transportar a las personas que cruzaban la frontera, situación que generó sospechas sobre un posible intento de manipulación electoral.

Según el ministro de Defensa, información preliminar de inteligencia sugiere que integrantes del Ejército de Liberación Nacional podrían estar relacionados con el tránsito irregular de personas.

Las autoridades investigan si estos hechos podrían configurar delitos como trashumancia electoral o constreñimiento al elector, prácticas que buscan alterar el resultado de las votaciones mediante el traslado irregular de votantes.

El Ministerio de Defensa señaló que se desplegaron capacidades adicionales de la fuerza pública para controlar la situación y verificar si existe relación directa entre el ingreso irregular de personas y la jornada electoral.

A pesar de estos hechos, el Gobierno Nacional informó que la instalación de los puestos de votación en el país se realizó con normalidad y que el proceso electoral avanzó sin incidentes graves en la mayoría de regiones mientras que el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, almirante Harry Reyna, informó que en Puerto Lozada, Meta, se presentó un atentado con ráfagas de fusil que impidió el preconteo de votos con normalidad. El hecho sería responsabilidad de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de Iván Mordisco.

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por Andrés Quijano
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