Resumen
La Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó a un joven de 22 años por posesión ilegal de un arma de fuego. Angelo Díaz Marín confesó que planeaba vengar la muerte de su hermano. Fue detenido durante un operativo rutinario y enfrenta cargos por portación ilegal de armas.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
En un operativo de rutina realizado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, fue capturado un joven de 22 años en el barrio San Francisco, en posesión ilegal de un arma de fuego. Angelo Díaz Marín, identificado como el detenido, portaba un revólver calibre 38 con cinco cartuchos, y su arresto reveló una intención preocupante: vengar la muerte de su hermano.
El incidente ocurrió en la carrera 21 con calle 18, durante un patrullaje rutinario de los uniformados. Los agentes observaron a un individuo sospechoso, vestido con una camisa azul clara, jean azul y chanclas, llevando un bolso tipo canguro. Al ser abordado y requisado, se encontró que Díaz Marín portaba un revólver ilegalmente.
La Policía informó que el detenido confesó que su intención era cobrar venganza por el asesinato de su hermano, perpetrado por un ciudadano venezolano en Aragua, Venezuela. “Se logró conocer a través del capturado de sus intenciones de cobrar venganza a un ciudadano venezolano que mató a su hermano en Aragua, Venezuela”, señaló la Policía en su informe.
Esta revelación incrementó la gravedad del caso, destacando la motivación personal detrás de la portación del arma. La rápida actuación de los agentes permitió evitar una posible tragedia en las calles de Bucaramanga, salvaguardando la seguridad de los ciudadanos.
Angelo Díaz Marín quedó a disposición de la Fiscalía, enfrentando cargos por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Este arresto subraya la importancia de los patrullajes y operativos de control en la prevención de crímenes motivados por venganzas personales.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga continúa trabajando para mantener la seguridad y el orden en la ciudad, instando a los ciudadanos a denunciar cualquier actividad sospechosa y a confiar en las autoridades para la administración de justicia.
