Avances y retos del programa habitacional en Santander

Vivienda digna para todos

En el marco de la rendición de cuentas de la Gobernación de Santander, el secretario de Vivienda y Hábitat Saludable, Leonardo Pico, presentó un completo balance de gestión que evidencia el compromiso de la administración departamental, liderada por el general (r) Juvenal Díaz Mateus, con el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias santandereanas. Desde la creación de nuevos proyectos de vivienda rural y urbana hasta la legalización de predios fiscales, el trabajo de esta secretaría se ha enfocado en ampliar el acceso a la vivienda digna, un derecho fundamental y uno de los pilares del desarrollo humano.

Un techo digno, un propósito común

Durante el último año, el departamento ha logrado impactar positivamente a más de 2.200 familias de 30 municipios, a través de tres líneas de acción: construcción de vivienda nueva, mejoramiento de viviendas existentes y legalización de predios ocupados. En materia de vivienda nueva, ya se han entregado proyectos en Bolívar, La Guada y Puerto Parra, mientras que se alistan nuevas entregas en Carmen de Chucurí, Guadalupe y Macaravita.

En paralelo, se han otorgado alrededor de 60 subsidios complementarios para la compra de vivienda nueva o usada, especialmente dirigidos a población víctima del conflicto armado, como parte de una política incluyente que busca cerrar brechas sociales.

“Estamos trabajando para que más santandereanos tengan un techo propio. La vivienda no solo es una estructura física, sino un espacio de esperanza y estabilidad para las familias”, afirmó el secretario Pico.

Mejoramientos y legalización: más hogares transformados

Uno de los ejes más destacados del programa ha sido el mejoramiento de vivienda rural y urbana, que ha beneficiado a más de 850 familias en todo el departamento. Estas intervenciones, cofinanciadas con recursos de la Nación, los municipios y el propio departamento, incluyen reparaciones locativas, remodelaciones en cocinas, baños, techos y pisos, así como ampliaciones en zonas rurales donde las condiciones lo ameritan.

Además, la Secretaría de Vivienda ha impulsado una de las estrategias más transformadoras: la legalización de predios fiscales ocupados por familias de bajos recursos. A través de un trabajo articulado con la Superintendencia de Notariado y Registro y los municipios, ya se han titulado cerca de 1.300 propiedades. Gracias a una ordenanza departamental, la Gobernación asume el costo del impuesto de registro, lo que representa un esfuerzo fiscal de más de 350 millones de pesos. Esta medida ha permitido que más de 1.200 familias se conviertan oficialmente en propietarias, accediendo así a créditos, subsidios y programas de mejoramiento.

Emergencias y atención solidaria

El funcionario también se refirió a las familias afectadas por los recientes deslizamientos en el sector de Saranda, en el municipio de Vélez, donde una falla geológica ha comprometido más de 300 hectáreas. Según Pico, cerca de 90 hogares han sido afectados por este fenómeno natural, que continúa en desarrollo.

“Estamos atentos a acompañar a las familias cuando la emergencia se estabilice. Primero debe actuar el sistema de gestión del riesgo municipal y departamental. Una vez garantizada la seguridad, trabajaremos en alternativas de reubicación o acceso a vivienda”, precisó el secretario, recordando que existen metodologías especiales para estos casos dentro del marco nacional de gestión del riesgo.

Municipios priorizados y nuevas alianzas

Santander cuenta con 87 municipios y, aunque los recursos son limitados, la Secretaría ya ha llegado con inversión directa a 30 de ellos, priorizando los de sexta categoría, donde las limitaciones financieras suelen dificultar los proyectos de vivienda. La meta para el periodo 2024–2025 es alcanzar cobertura en la mayoría del territorio, con el apoyo de los gobiernos locales y la gestión ante el Gobierno Nacional.

Actualmente, se ejecuta un proyecto por más de 11 mil millones de pesos en 11 municipios, entre ellos Puerto Parra, Guavatá, Suaita, La Paz, Cerrito, Palmas del Socorro, Páramo, Chima y Coromoro. Estos territorios fueron seleccionados por presentar altos índices de déficit cualitativo de vivienda, es decir, casas en mal estado o con deficiencias estructurales que afectan la salud y la dignidad de las familias.

En paralelo, se adelantan programas de mejoramiento en Ocamonte, Guaca, Charta y Vetas, mientras que nuevos proyectos rurales avanzan en La Guada, Carmen de Chucurí, Guadalupe y Macaravita.

Vivienda de interés social en predios fiscales

Otra iniciativa en marcha es el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social en terrenos del departamento. Aunque la Gobernación no puede adelantar asociaciones público-privadas, sí ha diseñado un modelo de cooperación con empresarios de la construcción mediante patrimonios autónomos administrados por fiducias.

“Queremos que los predios fiscales del departamento, hoy sin uso, se conviertan en hogares para cientos de familias”, explicó Pico. En Bucaramanga, ya se estudia un lote que podría destinarse a este fin, al igual que en Simacota y Charalá, donde la Asamblea Departamental ya autorizó la figura fiduciaria. En este esquema, el valor del terreno se entrega como un subsidio en especie al comprador, reduciendo el costo final de la vivienda.

Cómo acceder a los beneficios

Los procesos para acceder a los programas de vivienda son públicos y transparentes. Las convocatorias se realizan a través de las alcaldías, que recopilan la documentación y la remiten a la Secretaría para su evaluación. Los aspirantes deben cumplir requisitos como no poseer otra vivienda, estar clasificados en los niveles A o B del Sisbén, tener ingresos familiares inferiores a cuatro salarios mínimos y no haber recibido subsidios en los últimos diez años.

“El mensaje es claro: no hay intermediarios ni padrinos. Todo se hace por convocatoria y revisión técnica. Podemos garantizar que, de los 850 mejoramientos entregados, ninguno ha sido producto de favoritismos”, enfatizó el secretario.

Un trabajo conjunto con cajas y entidades nacionales

La política de vivienda en Santander también se apoya en alianzas con las cajas de compensación familiar, principalmente Cajasan y Comfenalco, que aportan subsidios complementarios y asistencia técnica. Estas entidades permiten la concurrencia de recursos, sumando los apoyos de la Gobernación, los municipios y las propias cajas para facilitar la compra de vivienda.

Asimismo, el Fondo Nacional del Ahorro ha sido un aliado constante, ofreciendo créditos con tasas preferenciales y programas especiales para quienes acceden a subsidios departamentales.

Una gestión con sentido humano

Al cierre de su intervención, el secretario Pico dejó un mensaje de gratitud y compromiso: “Lo que más llena el corazón de una familia es tener su casa propia o ver su vivienda mejorada. Cada entrega es una historia de esfuerzo, de esperanza y de progreso. Seguiremos trabajando incansablemente para que más santandereanos vivan dignamente”.

Con esta visión, el Gobierno de Santander reafirma su propósito de construir bienestar desde el hogar, convencido de que una vivienda segura, legal y adecuada es el primer paso hacia una vida más próspera y equitativa.