Resumen
El Congreso colombiano avanza en la aprobación de un proyecto de ley para la jurisdicción agraria y rural, con 75 artículos ya aprobados. La iniciativa busca mejorar la justicia en el campo, garantizando derechos y servicios estatales a comunidades rurales afectadas por despojo de tierras.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Durante décadas el sector rural colombiano ha vivido fenómenos como el desplazamiento forzado y el despojo de tierras, disputas en las que el campesinado y las comunidades étnicas han estado involucradas, por lo que ameritan una garantía de derechos especiales.
En una nueva sesión conjunta de las Comisiones Primeras del Senado y la Cámara, se continuó este lunes con la discusión y aprobación de artículos del proyecto de ley ordinaria de la jurisdicción agraria y rural, una iniciativa clave para la justicia en el campo colombiano.
Un total de 75 artículos van aprobados de este proyecto que busca fomentar la presencia del estado en todo el territorio colombiano, en particular en las zonas rurales. La creación de esta Jurisdicción debe entenderse y llevarse a cabo como parte de un grupo de medidas que pretenden mejorar las condiciones de los habitantes de las zonas rurales, a través del acceso a bienes y servicios ofrecidos y garantizados por el Estado.
El senador Alejandro Chacón, uno de los coordinadores ponente de esta iniciativa, expuso enuno de los artículos del proyecto de ley el cual busca la competencia de procesos, que hoy se tienen en las diferentes jurisdicciones que quedarían en cabeza de los jueces agrarios de la jurisdicción que inician en la Agencia Nacional de Tierras.
“Hoy en la legislación actual hay unas competencias que tiene la Agencia Nacional de Tierras, en la faseadministrativa, la clarificación de las tierras, deslinde, la revocatoria directa del acto de adjudicación, extinción del dominio, condición resolutoria y la caducidad administrativa”, dijo el senador liberal.
Por su parte, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), señaló, “los procesos de clarificación que van a determinar si un bien fue o sigue siendo baldío van a ir a fase judicial cuando haya oposición, es decir empieza la administración, pero si la persona considera que el proceso no está por buen camino, puede irse inmediatamente a la fase judicial, lo que le da las garantías para que pueda establecer si su bien es o no baldío”.
La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, dijo en su intervención que la voluntad del gobierno es encontrar la mejor normapara que los procesos agrarios especiales estarían con control judicial automático cuando hubiera oposición, se ordena la decisión de los procedimientos agrarios en los bienes ambientales.
El senador liberal Alejandro Vega por su parte, indicó que “hoy después de esta discusión en sesiones conjuntas han quedado resueltas inquietudes, aunque no sea el acuerdo perfecto, pero es un gran avance que le va a dar tranquilidad a los campesinos, empresarios y productores que durante décadas han invertido recursos, tiempo y dedicación a las tierras colombianas para generar y resolver la soberanía alimentaria”.
