Avanza política pública de legalización de barrios

Con el propósito de trazar una hoja de ruta clara e incluyente que permita la legalización de asentamientos urbanos en Bucaramanga, la Alcaldía Municipal, en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), dio inicio al proceso de formulación de la Política Pública de Legalización de Barrios con la realización de un primer taller participativo.

El evento tuvo lugar en el auditorio Andrés Páez de Sotomayor, en el sexto piso del edificio administrativo de la Alcaldía, y congregó a más de 50 actores estratégicos, entre los que se encontraban representantes del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, la empresa de gas Vanti, organismos de control, entidades de gestión del riesgo, gremios, universidades y diversas secretarías del gobierno local.

Durante la jornada, los asistentes participaron en un ejercicio colectivo de mapeo de actores, cuyo objetivo fue identificar las responsabilidades, capacidades y expectativas de las instituciones involucradas frente a la problemática de los barrios no legalizados. Este espacio permitió construir una visión conjunta sobre las prioridades y retos que implica avanzar hacia una política pública efectiva, técnica y viable.

“El día de hoy nos reunimos con actores clave para socializar el inicio de la formulación de la Política Pública de Legalización de Barrios del municipio de Bucaramanga. Contamos con representantes de las universidades y de las diferentes secretarías de la Alcaldía Municipal, todos unidos para avanzar en esta construcción conjunta”, expresó Alix Johanna Rojas Borja, subsecretaria de Planeación del municipio.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal reconocer y abordar la realidad de los asentamientos que hoy carecen de estatus legal, lo que impide su acceso a servicios públicos básicos, dificulta una planificación urbana adecuada y limita el mejoramiento de la calidad de vida de miles de familias bumanguesas.

La construcción de esta política no se quedará en los escritorios institucionales. Está previsto que el proceso continúe mediante mesas de trabajo y talleres territoriales que permitan recoger las voces de las comunidades directamente afectadas. De este modo, se consolidará una política pública con enfoque territorial, socialmente legítima y jurídicamente sólida.

Con este primer paso, Bucaramanga reafirma su compromiso con una ciudad más equitativa, legal y ordenada, donde todos sus habitantes, sin excepción, puedan ejercer plenamente su derecho a la ciudad.