La reforma busca ampliar cobertura, mejorar la calidad, contratar más docentes, fortalecer la investigación y reducir brechas regionales. En palabras del rector Hernán Porras se trata de convertir la financiación de la educación superior en una verdadera política de Estado y no en una política de gobierno. No solo la UIS se beneficiarán con la aprobación de la reforma pues las Unidades Tecnológicas de Santander, Unisangil, Unipaz también se cuentan entre las instituciones de formación tecnológica y profesional que recibiría recursos, luego de que la Cámara de Representantes le dé el sí definitivo a la propuesta.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El proyecto de ley que busca transformar de raíz la financiación de la educación superior pública en Colombia superó un nuevo paso en el Congreso de la República y ahora se prepara para sus dos debates finales en la Cámara de Representantes.

La iniciativa, considerada por rectores, estudiantes y expertos como una de las más trascendentales en las últimas décadas, promete garantizar recursos estables y permanentes para las universidades estatales, así como para las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas que históricamente habían sido relegadas.

El corazón de la propuesta es la creación del Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un indicador que reemplazará al actual ajuste basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con esta medida, los presupuestos de las instituciones ya no dependerán de un referente desalineado de sus gastos reales, sino de un cálculo que refleje con mayor precisión los costos de funcionamiento, contratación de personal, mantenimiento, laboratorios, bienestar estudiantil y otros rubros propios de la vida universitaria.

De aprobarse en su totalidad, las instituciones recibirán aumentos automáticos y progresivos de recursos, blindados frente a coyunturas políticas o cambios de gobierno. Esto, según los defensores de la norma, permitirá asegurar calidad académica, estabilidad administrativa y mejores condiciones laborales para docentes y trabajadores, así como nuevas oportunidades para los estudiantes de todas las regiones.

Transparencia y control social

La reforma no se limita al aspecto financiero. El articulado aprobado en la plenaria del Senado incorpora un componente de transparencia y participación ciudadana. A partir de su implementación, las comunidades educativas estarán facultadas para conformar veedurías ciudadanas encargadas de vigilar el uso de los recursos públicos destinados a la educación superior.

Estos mecanismos contarán con el acompañamiento directo de la Contraloría General de la República, lo que asegura un sistema de control social con respaldo institucional. Con ello se busca garantizar que los fondos asignados lleguen efectivamente a proyectos de formación, investigación e infraestructura, cerrando la puerta a la opacidad y fortaleciendo la confianza en la gestión universitaria.

La voz del Gobierno

Tras la votación en Senado, el ministro de Educación, Daniel Rojas, celebró el avance legislativo y lo calificó como un paso histórico: “Con esta reforma empezamos a cerrar la brecha histórica de la educación superior pública: destinaremos progresivamente recursos hasta llegar al 1% del PIB y, por fin, incluimos a las instituciones técnicas y tecnológicas que habían sido olvidadas”.

El jefe de la cartera destacó que este proyecto responde a una deuda histórica con el sistema universitario estatal, que durante décadas operó con recursos insuficientes y sometido a un esquema de financiamiento inestable. También subrayó que los beneficios alcanzarán a jóvenes de zonas rurales y urbanas que, sin la universidad pública, difícilmente tendrían acceso a la educación superior.

Uno de los puntos más valorados por los rectores de instituciones técnicas y tecnológicas es que, por primera vez, estas entidades recibirán respaldo financiero directo de la Nación en condiciones equivalentes a las universidades públicas. Este aspecto, que había sido una de las principales banderas de los movimientos estudiantiles y académicos, busca cerrar las brechas regionales y fortalecer la oferta educativa en municipios apartados y zonas rurales donde la universidad tradicional no llega.

La reforma, además, apunta a abrir más cupos para estudiantes, contratar más docentes en condiciones dignas, modernizar infraestructura y laboratorios, y fortalecer la investigación. En suma, se proyecta como un instrumento para consolidar a la educación superior como motor de equidad y desarrollo social.

Lo que viene

El proyecto pasará ahora a la Cámara de Representantes, donde deberá superar dos debates más antes de convertirse en ley. Aunque cuenta con amplio respaldo del Gobierno y de las comunidades universitarias, los rectores han insistido en que el reto será garantizar su implementación efectiva y el cumplimiento de la meta de inversión de hasta el 1% del PIB.

De lograrlo, Colombia daría un paso decisivo hacia la construcción de un modelo de financiamiento de la educación pública que no dependa de los vaivenes políticos, sino que se constituya como una verdadera política de Estado, con efectos a largo plazo en la movilidad social, la equidad y la construcción de paz.

La UIS, una de las más beneficiadas

Precisamente, sobre este tema el rector de la Universidad Industrial de Santander (UIS), Hernán Porras, hizo desde las páginas de periódico EL FRENTE un llamado al Congreso para que apruebe la reforma a la Ley 30 de 1992, con el fin de garantizar una financiación estable y estructural para las universidades públicas.

Porras advirtió que, aunque en el gobierno de Gustavo Petro se han girado recursos históricos, estos dependen de la voluntad política y podrían recortarse con un cambio de administración. Actualmente, los presupuestos de las universidades se ajustan con el IPC, mientras que sus gastos reales crecen al ritmo del salario mínimo, lo que genera un déficit permanente.

La UIS, por ejemplo, recibe unos 260 mil millones de pesos anuales para funcionamiento, insuficientes frente a sus necesidades. Por eso, el proyecto en discusión propone que el DANE diseñe una canasta de costos específica para la educación superior, que permita un ajuste presupuestal más justo y sostenible.

Hasta ahora se han aprobado artículos que reconocen la educación como derecho y plantean un crecimiento progresivo de recursos, pero la reforma clave está en los artículos 86 y 87, que cambian de fondo el modelo de financiación.

De no aprobarse, las universidades públicas verán limitadas sus posibilidades de crecimiento, lo que afectará especialmente a los estudiantes de familias humildes y de zonas rurales que dependen de la educación pública para acceder a oportunidades de movilidad social.