Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La llegada de dos aeronaves venezolanas en los últimos meses ha desatado polémica y cuestionamientos hacia las autoridades aeronáuticas y el Gobierno colombiano, debido al hermetismo que rodea los casos.
El más reciente ocurrió el pasado 8 de enero, cuando un jet privado con matrícula YV3164 aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. La aeronave permaneció en tierra durante tres horas antes de despegar hacia Caracas. Según registros de Flight Radar 24, el jet realizó movimientos sospechosos previos, con trayectos que no quedaron completamente registrados.
El caso coincidió con debates en la Casa de Nariño sobre la postura de Colombia frente al gobierno de Nicolás Maduro, lo que generó especulaciones sobre los motivos del vuelo. Aunque la Fuerza Aeroespacial Colombiana negó que el avión hubiese aterrizado en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), fuentes militares confirmaron su llegada al aeropuerto El Dorado. Ni la Aerocivil ni la FAC han ofrecido explicaciones claras, lo que aumenta el misterio sobre los ocupantes y el objetivo del viaje.
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Un caso similar se presentó en septiembre de 2024, cuando un Cessna con matrícula venezolana aterrizó sin autorización en Cúcuta. A bordo viajaban oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ejército de Venezuela, quienes portaban armas. Las explicaciones del piloto sobre un “error de navegación” y la posterior autorización de despegue con armamento por parte de la Aerocivil fueron objeto de críticas.
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El manejo reservado de ambos incidentes ha provocado fuertes cuestionamientos por parte de la oposición política. El representante Hernán Cadavid calificó estos hechos como “inusuales y mal explicados”, señalando su preocupación por el posible trasfondo diplomático o militar de los vuelos.
La Aeronáutica Civil tiene un plazo legal de dos semanas para responder a los derechos de petición que exigen aclaraciones sobre los permisos otorgados, los motivos de los vuelos y los protocolos de seguridad. Mientras tanto, las dudas sobre estos desplazamientos y la postura del gobierno colombiano persisten.
