Resumen
El representante Óscar Villamizar del Centro Democrático recusó a la bancada del Pacto Histórico en la discusión de la Reforma Laboral, alegando conflicto de interés por financiación de sindicatos. La recusación, que implica a congresistas y financiadores, será votada por la Comisión de Ética.
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El Representante a la Cámara por Santander del Centro Democrático, Óscar Villamizar recusó a toda la bancada del Pacto Histórico para la discusión de la Reforma Laboral, por considerar que existe un evidente conflicto de interés de esos congresistas y sus financiadores.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
En concreto, el representante solicita que los miembros de la bancada uribista se marginen del trámite del Proyecto de Ley N° 192 de 2023 Cámara “Por medio de la cual se modifica parcialmente el Código Sustantivo del Trabajo para atender las prioridades actuales del mercado laboral: generación de empleo, reducción de la informalidad laboral y más inclusión. Como también se mejoran los beneficios sociales en equilibrio con la sostenibilidad empresarial y se actualiza y moderniza la ley laboral”
“No me parece correcto que la bancada de gobierno, que recibió a través de su coalición más de 500 millones de pesos de un sindicato, pueda discutir y votar un Proyecto que nace de los sindicatos y para los sindicatos, la ley es para todos”, afirmó el representante.
Añadió que la recusación es procedente dado que el dinero presuntamente no ingresó a la campaña, sino que lo recibió el presidente de un partido de la coalición, cuyos congresistas fueron elegidos mediante lista cerrada, existiendo un conflicto entre financiado y financiador.
Villamizar además explicó que “Esta reforma les genera privilegios a los sindicatos como faltar a su lugar de trabajo sin consideración del empleador, tener acceso a información de la empresa y la manifestación de la ministra de trabajo de ampliar los derechos de los sindicatos. Este es el ejemplo de beneficios actuales, directos y particulares que se le pretenden dar a los sindicatos con apoyo de quien ellos financiaron”.
De acuerdo con la solicitud elevada por el congresista, el beneficio particular, directo y actual que no se conjuga el interés general de los votantes, sino que beneficia exclusivamente a unos grupos poblacionales plenamente definidos dentro del proyecto de ley incluye de forma explícita al 100% de los asociados del sindicato FECODE, en beneficios que se les da específicamente a sindicatos como ampliar permisos sindicales, acceso a la información confidencial de la empresa, ampliar el catálogo de conductas antisindicales.
Agrego que si bien la ley 2003 del 2019 excluyó como causal de conflicto de interés las iniciativas que impacten a financiadores, la corte constitucional declaró inexequible ese aparte normativo mediante la sentencia C-302 del 2021. Esta tesis además fue la que manejó la bancada de la coalición del Pacto Histórico durante la discusión de la reforma a la salud contra los partidos que apoyaron la proposición de archivo aun cuando la ley 2003 del 2019 excluye el voto normativo que mantiene la normatividad vigente como causal de conflicto de interés, ni cuando no se otorguen privilegios, por lo que en el caso de la ley estatutaria a la educación es aún más evidente pues se trata de votos positivos a un proyecto que beneficia a un sector representado por FECODE.
“Así las cosas, es evidente el privilegio que establecieron para los miembros de los sindicatos, que, si bien se puede estar de acuerdo por la labor fundamental que prestan los docentes, el vínculo entre financiador y financiado es el presente caso es inexorable por lo que los miembros del Pacto Histórico deben ser excluidos del debate”, agregó el parlamentario. La recusación deberá ser votada por la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista.
