Billonarios recursos económicos enterrados en “Elefantes Blancos” de la infraestructura vial en Colombia
La Contraloría General de la República de Colombia advierte sobre 152 proyectos críticos de infraestructura de transporte, cuya ejecución se encuentra en estado de abandono, suspensión o entrega sin funcionamiento.
Se comprometen más de $19,9 billones de pesos estatales y regionales en obras viales que ponen en riesgo el patrimonio nacional.
La mayoría de estos recursos se concentran en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías), poniendo de relieve la necesidad de una intervención oportuna para revertir esta situación.
El Top 5 de Proyectos con
Mayor Desperdicio de Fondos
Proyecto del Corredor Vial Santana – Mocoa – Neiva
El caso más significativo se ubica en Neiva, Huila, donde la concesión Ruta al Sur, a cargo de la ANI, debe llevar a cabo la construcción del corredor vial Santana – Mocoa – Neiva. Con un presupuesto de $5,18 billones, este proyecto representa la obra 4G de mayor extensión del país. Pese a que la inversión es cuantiosa, la obra alcanza solo un 58,1 % de ejecución. Los responsables manifestaron problemas vinculados con el licenciamiento ambiental, dificultades en la interacción con comunidades indígenas en Cauca y Putumayo, así como problemas en la adquisición de predios. Se esperaba la culminación de esta obra en julio del año en curso.
Proyecto de la Nueva Malla Vial del Valle del Cauca
En Cali, Valle del Cauca, se suma el proyecto de la Nueva Malla Vial, licitado a través de la ANI y encargado a ‘Vial de los llanos S.A.S’. Con un valor superior a $3 billones, esta iniciativa inició en 2015 y ha sido catalogada como crítica. Las dificultades surgieron en la estructuración financiera y en la obtención de los permisos necesarios. Los avances se han limitado a actividades de mantenimiento del trazado existente, mientras la comunidad demanda el inicio formal de la obra. Las manifestaciones de inconformidad se suceden a lo largo de estos últimos meses, lo que obliga a las autoridades a intensificar el seguimiento del proyecto.
Corredor Mulaló – Loboguerrero
Otra obra en la lista es la construcción, rehabilitación y mejoramiento del corredor Mulaló–Loboguerrero, con una inversión de $2,8 billones. A cargo de la ANI y de la concesionaria Nueva Vía al Mar S.A.S (Covimar), el proyecto se halla en una situación complicada. La entidad encargada solicita al Gobierno la búsqueda de soluciones que permitan poner en marcha la construcción. Entre los obstáculos se encuentra la oposición de algunas comunidades al trazado definido por la ANI y una extensa demora en la expedición de la licencia ambiental, la cual tardó más de seis años en ser emitida. Los responsables sostienen que la financiación proviene de recursos propios de los socios, lo que evidencia la trascendencia del compromiso en términos económicos.
Ruta del Sol 3 en Carmen de Bolívar
El proyecto denominado Ruta del Sol 3, que comprende los tramos San Roque – Y de Ciénaga y Valledupar – Carmen de Bolívar, se ubica en otra región crítica. Con una inversión de $2,11 billones, la obra se encuentra bajo la responsabilidad de Yuma Concesionaria. A pesar de contar con recursos significativos, el proyecto presenta problemas de ejecución, situación que ha suscitado preocupación en la comunidad local. Las autoridades deben implementar mecanismos que garanticen la continuidad de la obra y eviten que se transforme en otro “elefante blanco” que afecte la economía pública.
Variante San Francisco – Mocoa
El quinto caso en la lista corresponde a la Variante San Francisco – Mocoa, un proyecto en ejecución por el Invías con un valor de $1,9 billones. El contrato, que se extiende hasta 2030, aún presenta varios kilómetros por construir, lo que genera inquietud en la población. Las autoridades reconocen que se requieren recursos adicionales, de un monto similar al inicial, para poder culminar la obra. La falta de avance concreto en el proyecto subraya la necesidad de revisar tanto la planificación como la gestión de inversiones en obras de infraestructura.
Proyectos en Otros Departamentos y Ciudades
Dobles Calzadas en Villavicencio, Meta
En el departamento del Meta se ejecuta el proyecto “Dobles calzadas Villavicencio” a cargo de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Con un valor de $194.641 millones, la obra se encuentra en ejecución y se somete a un estricto “control fiscal participativo”. Hasta la fecha, no se han reportado cambios en la estrategia de seguimiento, lo que indica la intención de mantener una vigilancia permanente sobre la ejecución del proyecto.
Mejoramiento de la Vía en Maní, Casanare
El municipio de Maní, en Casanare, alberga un proyecto orientado al mejoramiento de la vía que conecta a Maní, Tauramena y Monterrey. La Alcaldía de Maní es la entidad responsable de la obra, que también se encuentra en ejecución y cuenta con una inversión de $109.244 millones. De igual forma, la estrategia de seguimiento se basa en el “control fiscal participativo”, sin que se registren modificaciones en su enfoque de seguimiento.
Construcción de Estación en Floridablanca, Santander
La Empresa de Transporte de Bucaramanga Metrolínea lidera la construcción de una estación para el sistema de transporte masivo en el municipio de Floridablanca. El proyecto “Concesión construcción estación Metrolínea Papicentro” se encuentra suspendido, a pesar de contar con una inversión de $97.282 millones. La ausencia de intervenciones oficiales y de estrategias de seguimiento contribuye al prolongado abandono de la obra, lo cual afecta la percepción de eficiencia en la inversión pública.
Mejoramiento de la Vía Troncal en Ubalá, Cundinamarca
Otro caso a destacar corresponde a la obra “Mejoramiento y rehabilitación de la vía troncal del Guavio”, ubicada en el municipio de Ubalá, Cundinamarca. El Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU) lleva a cabo esta iniciativa, la cual se encuentra en ejecución y cuenta con una inversión de $72.405 millones. La estrategia adoptada para el seguimiento del proyecto es “Compromiso Colombia”. Hasta el momento, no se han registrado cambios en el enfoque de la estrategia, lo que indica continuidad en la gestión a pesar de los desafíos inherentes.
TransMiCable en Bogotá
La capital del país también se encuentra en la lista de proyectos con dificultades, a través de la obra para culminar el sistema TransMiCable en el sector San Cristóbal. Con una inversión de $51.674 millones, esta obra fue entregada sin funcionar, lo que deja en claro el incumplimiento de los objetivos planteados. La Contraloría señala el estado “sin intervención”, lo cual evidencia la ausencia de acciones correctivas que permitan darle el uso esperado a una inversión pública relevante.
Implicaciones para el
Patrimonio y la Gestión Pública
Las cifras y casos aquí expuestos invitan a una reflexión profunda sobre el manejo de los recursos públicos destinados a infraestructura. La inversión de casi $20 billones en proyectos que, en muchos casos, no avanzan o quedan suspendidos representa un riesgo considerable para el patrimonio del país. Los “elefantes blancos” son ejemplos de mala administración y dificultades inherentes en la tramitación de licencias ambientales, en la gestión financiera y en el diálogo con comunidades locales. Las consecuencias de estas fallas no solo afectan el desarrollo vial, sino que inciden en la confianza de la ciudadanía respecto a la administración de los recursos estatales.
La falta de avances en proyectos viales impacta la movilidad de las personas, la competitividad de la economía y el bienestar de las comunidades. Los responsables aseguran que las dificultades se han presentado en diversas fases del proceso constructivo, desde la estructuración financiera hasta la obtención de permisos. La prolongada demora en el cumplimiento de las obras contrasta con la magnitud de los recursos asignados, evidenciando la necesidad de una revisión integral de las políticas de infraestructura.
El control fiscal realizado por la Contraloría General de la República se erige como un mecanismo fundamental para la detección de irregularidades y el seguimiento de las inversiones. Las diferentes estrategias de seguimiento, como el “control fiscal participativo” y el “Compromiso Colombia”, buscan evitar que las obras se prolonguen en el tiempo sin ofrecer resultados que beneficien directamente a la población. No obstante, los casos de proyectos suspendidos o sin intervención revelan deficiencias en la implementación y en la toma de decisiones a nivel gerencial.
Retos y Perspectivas para el Futuro
Los responsables de la administración pública y de las empresas encargadas de ejecutar estas obras enfrentan el reto de reactivar proyectos que se han estancado. La búsqueda de soluciones conjuntas entre el Gobierno, las concesionarias y las comunidades afectadas podría reorientar la dirección de proyectos críticos, dotándolos de una mayor eficiencia y calidad en la ejecución. Resulta indispensable la implementación de medidas que aseguren la continuidad de las inversiones y la reducción de los riesgos asociados a la pérdida patrimonial.
La comunidad exige respuestas claras y acciones contundentes que transformen el panorama de la infraestructura vial en Colombia. Se requiere un compromiso real con la transparencia en la administración de los recursos y la eficiencia en la ejecución de los proyectos. La situación de los “elefantes blancos” se convierte en un llamado a la acción para mejorar la gestión de los proyectos de transporte, optimizando las inversiones y generando beneficios palpables para la ciudadanía.
Cada caso expuesto en esta noticia pone de manifiesto la urgencia de revisar los procesos de licenciamiento ambiental, la adecuación de los modelos financieros y la forma en que se gestionan los diálogos con comunidades y actores sociales. La transformación del entorno vial del país demanda un enfoque integral que articule de manera efectiva los recursos estatales con la planificación estratégica, evitando caer en el despilfarro y en el deterioro del patrimonio público.
La prioridad pasa por poner fin a la proliferación de “elefantes blancos” y asegurar que los proyectos viales se transformen en motores de desarrollo. Las autoridades y entidades competentes deben asumir la responsabilidad de corregir los problemas identificados y garantizar que cada inversión contribuya de manera significativa al progreso y a la calidad de vida de los colombianos.
Con estos desafíos por delante, el futuro de la infraestructura vial en Colombia depende de la capacidad de generar cambios efectivos en la gestión pública y de consolidar un modelo de inversión que, fundamentado en la transparencia y en la eficiencia, transforme las promesas en realidades tangibles para el país. La recuperación de estos proyectos críticos se convierte en una misión que demanda la colaboración conjunta de entidades estatales, concesionarias y ciudadanos en pos del bienestar nacional.
