Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La reciente decisión de la Alcaldía de Medellín de reemplazar al contratista del programa de atención a habitantes de calle con discapacidad física y/o enfermedad mental ha generado preocupación entre beneficiarios y exempleados.
Después de 18 años de servicio, la Corporación Ecosesa fue sustituida por la empresa Creimed, que gestionará el programa durante seis meses con un contrato de $5.948 millones.
El programa, que asiste a 286 personas con severas condiciones cognitivas y sin redes de apoyo, es uno de los más complejos y delicados de la administración municipal. Ecosesa había operado el servicio en una finca en Girardota, adecuando continuamente las instalaciones a las necesidades de los usuarios, quienes presentan comportamientos difíciles como orinar en las paredes, romper objetos y arrancar plantas, según relato de antiguas cuidadoras.
Creimed, según su sitio web, es una institución dedicada a la salud y bienestar, operando su línea de negocio Mente Plena, que ofrece servicios en psicología, neuropsicología, psiquiatría, terapia familiar y toxicología. Aunque ha prestado servicios de atención en salud mental para entidades como el cuerpo de Policía de Urabá y la Alcaldía de Medellín para programas dirigidos a funcionarios, es la primera vez que asume un programa de esta magnitud.
Exempleados del programa y cuidadores actuales han expresado su preocupación por la falta de experiencia del nuevo operador. Aseguran que sólo una fracción del personal anterior fue recontratado y que la rotación ha dejado al equipo con escasa experiencia en el manejo de esta población. Por ejemplo, en mayo, 12 de las 44 cuidadoras y 2 de las 5 jefes de enfermería fueron despedidas.
Además, antiguos cuidadores y algunos acudientes han señalado que varios beneficiarios han regresado a las calles, y han reportado casos de abuso y maltrato en las nuevas instalaciones ubicadas en Las Palmas y San Cristóbal. También se han presentado quejas sobre la calidad de la alimentación, el vestuario y las condiciones de higiene en estos nuevos centros.
La Alcaldía de Medellín, por su parte, ha respondido afirmando que no ha recibido quejas formales sobre el servicio. En un comunicado, aseguraron que los beneficiarios no están privados de libertad, sino que se "evaden" debido a su deseo de consumir sustancias psicoactivas.
La Secretaría de Inclusión Social, encargada del seguimiento, solo tiene registro de un caso en mayo, donde una beneficiaria falleció por causas naturales después de evadirse en dos ocasiones del centro de atención.
