Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Serios reparos efectuó en su último informe el Observatorio Ciudadano para la Corrupción, documento en el cual se detalló que pese a los esfuerzos institucionales para aumentar el control de irregularidades en el financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales, no hubo un incremento significativo en los índices de transparencia.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
En el informe del año inmediatamente anterior, en lo que respecta al análisis de transparencia para el financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales Colombia había firmado el compromiso de “Impulsar la adopción medidas y mecanismos transparencia, rendición de cuentas, seguimiento, control y sanción al financiamiento de las campañas electorales”, el cual este año, tras el análisis de seguimiento al compromiso, obtuvo una valoración de 2,06/3,00 evidenciando un avance calificado como medio.
Según el informe, los avances identificados corresponden a la actualización de los requisitos contables y del procedimiento para la presentación de los informes de ingresos y gastos de las campañas electorales.
“Desde 2023, mediante la Resolución 4737 emitida por el Consejo Nacional Electoral, se ha hecho obligatoria en Colombia la rendición de cuentas de campaña en tiempo real a través del reporte de ingresos y gastos en el aplicativo Cuentas Claras. A pesar de que durante los periodos electorales 2022 y 2023 el porcentaje de cumplimiento de estas disposiciones fue bajo, se espera que en los próximos comicios esto aumente significativa y progresivamente”, indica el análisis en el cual se especifica que urge la necesidad de llevar a la obligatoriedad por medio de una reforma electoral compromisos concretos sobre la financiación de campañas políticas.
Por ejemplo, el informe asegura que dentro de las modificaciones normativas es necesario hacer referencia a la promulgación del nuevo Código Electoral y, de la ley para la erradicación de violencia contra las mujeres en política.
Además, explica que ambas disposiciones contienen medidas que pueden derivar en avances para eliminar barreras asociadas a la bancarización de los recursos -facilitando la apertura de las cuentas- y a la brecha de la financiación de las mujeres por parte de las organizaciones políticas que les avalan respectivamente. Sin embargo, estos avances a pesar de ser promulgados en el Congreso de la República no superaron el proceso de revisión constitucional, por lo que no entrarán en vigencia y deberán iniciar el trámite legislativo nuevamente.
Más garantías para
la equidad de género
Por otra parte, en este eje la peor valoración la tienen tres Compromisos en los que no fue posible identificar acciones de avance o cumplimiento. Los Compromisos No. 12A “promoción de la equidad e igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas en las medidas para combatir la corrupción”, el No. 17G “empoderamiento de jóvenes para proponer ideas encaminadas a la prevención y lucha contra la corrupción” y el No. 23 “promoción de mecanismos regionales para impulsar la participación significativa de la sociedad civil y actores sociales en el monitoreo de la implementación de los Compromisos de la Cumbre” obtuvieron un puntaje de 0,00/3,00.
Estos tres Compromisos tienen en común que se refieren a la inclusión de grupos poblacionales en la elaboración, implementación y seguimiento a las políticas anticorrupción. De acuerdo con el seguimiento realizado por el OCC, en los tres compromisos, a pesar de que durante los últimos dos años se evidencian esfuerzos nacionales y territoriales por vincular a la ciudadanía en la toma de decisiones; la participación ciudadana no incluye la construcción, evaluación o seguimiento de las políticas nacionales o los Compromisos internacionales de lucha contra la corrupción.
Del análisis realizado en los tres Compromisos se evidencia que persiste como reto para el país crear mecanismos de participación ciudadana con enfoque poblacional diverso, es decir, espacios para que NNA, mujeres, población en condición de discapacidad, comunidades indígenas y población LGTBIQA+ desde sus interseccionalidades puedan hacer parte de la construcción y evaluación de las políticas anticorrupción.
Igualmente, el documento insiste en que también hay retos asociados a ampliar la comprensión y control ciudadano a estos reportes de ingresos y gastos de campañas. Para esto último, es necesario que se fortalezcan los espacios de pedagogía para la ciudadanía para fortalecer la participación de comunidades y poblaciones locales, mediante sesiones informativas sobre la consulta, el uso y el análisis de los datos. De acuerdo con las organizaciones del OCC en Colombia, es necesario, realizar un ejercicio de descentralización de las actividades de vigilancia y control para garantizar la efectividad de las medidas de control y de las sanciones para generar mayor conciencia y apropiación en la ciudadanía.
