Resumen
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“Evidenciamos vicios de inconstitucionalidad y de inconveniencia, que nos motivan a solicitar respetuosamente, la no expedición de este decreto en los términos propuestos, y en su lugar, se desarrolle un proceso amplio y participativo de debate y construcción en el que sea tenido en cuenta el conocimiento y la experticia regional de las CAR", dice un aparte de la demanda.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
En un documento presentado ante el Consejo de Estado, la Asociación Corporaciones Autónomas Regionales (ASOCARS), y 11 organizaciones gremiales y profesionales se sumaron a la demanda de nulidad interpuesta por la Asociación Colombiana de Minería (ACM) que pretende suspender y declarar medidas cautelares para el decreto 044 con el que Ministerio de Ambiente busca declarar zonas de reserva ambiental sin estudios técnicos.
Según la carta enviada a los magistrados y que se sumará al expediente de la demanda, la suspensión de este Decreto 044 busca evitar "perjuicios irremediables a un sector de la economía tan significativo para el desarrollo del país y las finanzas públicas".
Según la ACM, ACP, Asocars, Acexplo, APMC, ACGGP, Fenalcarbón, ICP, Fedesmeraldas, ANDEG, Fedecundi y Asocarbonor, el Decreto 044 de 2024 tendría implicaciones para la seguridad jurídica, la economía del país y el bienestar social de las regiones que obtienen sus ingresos principalmente de la minería.
Tal y como lo dejan claro en el documento, la norma demandada transgrede abiertamente la constitución y las leyes, generando una parálisis del sector minero por 10 años o más, dependiendo de lo que determine arbitrariamente el Ministerio de Ambiente, creando áreas de reserva temporal sin ningún tipo de concertación de las comunidades ni estudios técnicos.
Entre las justificaciones dadas al Consejo de Estado para que se establezca la medida cautelar, los gremios empresariales, asociaciones y las CAR señalan que el Decreto 044 implica la exclusión anticipada e injustificada de las actividades mineras.
“En primer lugar queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la expedición del Decreto 044 de 2024 y las implicaciones que éste genera para la seguridad jurídica, la economía del país y el bienestar social de las regiones que obtienen sus ingresos principalmente de esta actividad. La norma demandada transgrede abiertamente postulados de orden legal y constitucional, dejando al sector minero colombiano en una alta incertidumbre jurídica y sujeto a un riesgo de parálisis de sus actividades por 5, 10, 15, 20 años o mucho más, dependiendo de lo que determine el Ministerio de Ambiente, de acuerdo con "... las características y necesidades de cada área”, dice una de las consideraciones de la demanda.
Así mismo, se explica que es inaudito que en medio del debate nacional que se ha generado por la presentación de una nueva Reforma Tributaria, el Gobierno Nacional quiera afectar al sector minero que en los últimos 4 años ha aportado más de 19,4 billones de pesos en regalías, ha financiado más de 11 mil proyectos sociales, y genera 200 mil empleos directos y 750 mil indirectos.
